En los pasillos de Tribunales se los conoce como los ilícitos silenciosos. Son los delitos ambientales que, después de mucho tiempo, comenzaron a ser perseguidos penalmente en esta y otras provincias. El cambio de paradigma tiene una sola razón de ser: la protección del medio ambiente ya no es una utopía, sino una realidad. La calidad de vida importa y hay un particular interés por proteger el futuro de las próximas generaciones.

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó los recursos presentados por las defensas del titular de Los Balcanes, Jorge Rocchia Ferro, y de su gerente, José Ramón Coronel, y dejó firme la decisión de Casación que ordenó revisar las penas impuestas por contaminación ambiental. En mayo de 2023, un tribunal de Santiago del Estero les había impuesto penas de tres años de cumplimiento condicional y el pago de multas por tres episodios de contaminación registrados entre 2011 y 2013, vinculados con derrames de vinaza que terminaron afectando cursos de agua y a pobladores de El Palomar, en la vecina provincia.

Ordenan elevar la pena a la que había sido condenado Rocchia Ferro por delitos ambientales

La fiscal federal santiagueña, Indiana Garzón, había planteado que las penas recibidas por los acusados no guardaban relación con la gravedad de los hechos y los daños generados. La Cámara Federal de Casación Penal le dio parcialmente la razón y dispuso que se revisara la pena impuesta a Rocchia Ferro. Los defensores de los penados apelaron la resolución, pero sus planteos finalmente fueron desestimados por el máximo tribunal.

Rocchia Ferro deberá quedar nuevamente a disposición del tribunal que tendrá que fijarle una nueva pena. La posibilidad de que el nuevo castigo sea de cumplimiento efectivo quedó abierta, aunque todavía deberá ser resuelta judicialmente. Eduardo Rothe, defensor de los imputados, ya adelantó que, si es necesario, recurrirá nuevamente hasta la Corte Suprema para oponerse a lo que se resuelva en este caso que ya lleva 15 años tramitándose. Vale la pena recordar que Rocchia Ferro espera ser enjuiciado en nuestra provincia por otro caso de contaminación ambiental.

Lo que dice la historia

Históricamente, los industriales fueron señalados por arrojar líquidos contaminantes que terminaban afectando la cuenca Salí-Dulce. En 2011, las autoridades santiagueñas denunciaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los responsables de 10 ingenios por presuntos daños al medio ambiente. A partir de ese conflicto, se firmó un acuerdo entre la Nación, Tucumán y Santiago del Estero para realizar controles permanentes y avanzar con una reconversión industrial.

Pese al acuerdo, con el correr de los años se detectaron más episodios de contaminación generados por los derrames de vinaza y otros productos. “Hay una decisión de política criminal de perseguir a los contaminantes. Los fallos que se consiguieron son un ejemplo”, sostuvo un funcionario de la Justicia Federal.

Juzgarán nuevamente al empresario Jorge Rocchia Ferro por delitos ambientales

Entre 2023 y la actualidad fueron condenados a penas de cumplimiento condicional los responsables de los ingenios La Trinidad (Luis Alberto Drube y Santiago Daniel Gasep) y La Corona (Alicia Inés Petit y Enrique Fausto González). Pero la persecución penal dejó de estar concentrada exclusivamente en la actividad azucarera.

En 2023, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de la representante de un frigorífico de Banda del Río Salí por el vertido de efluentes sin tratamiento a cursos pertenecientes a la cuenca Salí-Dulce. Las pericias incorporadas a la investigación habían detectado, entre otros elementos, concentraciones de plomo y cobre superiores a los niveles establecidos para la protección de la vida acuática.

Además, dos directivos de una empresa dedicada al transporte de líquidos cloacales fueron procesados por una descarga realizada en el río Gastona. La Justicia también investiga la presunta responsabilidad del ex intendente de Banda del Río Salí, Darío Monteros, por la existencia de dos basurales clandestinos en las márgenes del río Salí. En este último expediente, la Cámara Federal de Casación Penal anuló el sobreseimiento que había beneficiado al ex jefe municipal y dispuso que la investigación continuara.

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El acuerdo firmado cumple 15 años. La situación en la cuenca Salí-Dulce, según los expertos, ha mejorado muchísimo. Pero, aun así, se siguen detectando casos de contaminación. La diferencia es que ahora, especialmente los pescadores, denuncian los episodios ambientales. Las autoridades investigan los casos y, si corresponde, aplican multas y presentan las denuncias ante la Justicia. “Tenemos que proteger lo que les pertenece a los tucumanos”, repite una y otra vez la fiscal de Estado Gilda Pedicone, que logró recuperar la Reserva Natural La Angostura y avanzar en la preservación de las zonas protegidas de El Cadillal.

Otro ejemplo

No hay delito ambiental que genere tantos problemas a los tucumanos como la quema de cañaverales y pastizales. Accidentes de tránsito. Polución que genera severos problemas a asmáticos y alérgicos. Destrucción de viviendas. Daños en el tendido eléctrico. El cierre del aeropuerto Benjamín Matienzo por problemas de visibilidad. Esas son las históricas consecuencias de esta práctica que se mantuvo durante décadas.

El año pasado, el Ministerio Público Fiscal decidió atacar de lleno el problema. Personal del Equipo Científico de Investigación Fiscal (ECIF), junto a la Policía, realizó una tarea de monitoreo para detectar los casos, identificar a los propietarios de los campos y avanzar con las investigaciones por diferentes delitos. Se informó que se abrieron más de un centenar de expedientes y hubo personas a las que se les dictó prisión preventiva. Cómo terminaron y cuántas de esas causas se cerraron es todavía un interrogante.

Juzgarán por delitos ambientales a un tucumano, en Santiago del Estero

Este año las quemas son mínimas. Los expertos sostienen que tiene que ver con las condiciones climáticas. La falta de heladas y el incremento de las precipitaciones hicieron que los cañaverales permanecieran verdes durante más tiempo. El Gobierno coincide con ese diagnóstico, pero sostiene que se dio asistencia a los pequeños productores para que puedan realizar la cosecha de manera mecánica. Otros, en cambio, sostienen que lo peor llegará con el final de la zafra.

Todos coinciden en algo: la persecución penal influyó, y mucho. Hasta compararon sus efectos con lo ocurrido frente a la ola de amenazas de bombas o de supuestos tiroteos en los establecimientos educativos. Los operadores judiciales señalan que la advertencia de que habrá consecuencias penales da resultado en Tucumán.

Ahora, esta realidad genera varias preguntas. ¿Es necesario hacer lo mismo con la tala indiscriminada? ¿Se tendrá que procesar al tucumano que arroje basura a la calle o a un canal? ¿Cómo puede colaborar cada ciudadano para ayudar a bajar los niveles de contaminación? El llamado “Súper Niño” es una amenaza real y todas estas preguntas deberían responderse de manera urgente.