En los años electorales, los gobiernos nacionales tienden a asegurar la cobertura de los sectores vulnerables. Así, el gasto nacional se concentra en servicios sociales que, fundamentalmente, están relacionados al pago de las jubilaciones y pensiones, y a la asistencia a franjas sociales más vulnerables. Durante la administración del presidente Javier Milei, la inversión pública disminuyó a la mínima expresión. De allí el peregrinaje de los gobernadores hacia la Casa Rosada para reclamar más recursos para encarar trabajos de infraestructura. Durante 2027, el Gobierno nacional distribuirá unos $ 203 billones en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Eso implica un incremento de poco más de $ 40 billones respecto del ejercicio vigente, de acuerdo con lo establecido por el Proyecto de Presupuesto Nacional 2027, elevado por el Poder Ejecutivo al Congreso.

¿Cuánto, cómo y dónde se distribuye el gasto nacional en Tucumán? La primera respuesta es clave:  el 96,5% de esas partidas federales que se desembolsarán en la provincia ($ 5,4 billones) se orientarán a la atención de servicios sociales. Casi todo. El promedio entre el resto de las jurisdicciones subnacionales será del 87,7%. Con respecto al gasto en servicios sociales, el proyecto establece un aumento interanual de 6,1% en términos reales frente a 2026. Este incremento ubicaría el gasto en su nivel más alto desde 2024 pero resulta insuficiente para compensar las fuertes caídas experimentadas en años anteriores, arrojando una disminución acumulada de 16,1% entre 2023 y 2026. En los últimos cuatro años, esas partidas habían sido recortadas en un 40%. De todas maneras, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advierte acerca de algunas heterogeneidades:

• Por un lado se encuentran las que logran recuperar el terreno perdido luego de 2023 o incluso aumentan en términos reales, como Salud -suba interanual de 16% y 30% desde 2023- y Seguridad Social -aumento del 5% interanual y caída del 2% desde 2023-.

• En segundo lugar se observan aumentos interanuales en 2026 que no compensan caídas muy significativas desde 2023.

• Por último se encuentran las partidas que continúas casi completamente desfinanciadas desde hace cuatro años : Vivienda y Urbanismo (-99%), Agua Potable y Alcantarillado (-93%).

De los $ 5,4 billones que la administración de Milei destinará a Tucumán, unos $ 5,2 billones irán a Servicios Sociales. Gran parte de esa masa dineraria (cerca de $ 4,1 billones) serán distribuidas por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). Entre las principales partidas figuran:

• Unos $ 2,7 billones corresponderán al pago de jubilaciones y pensiones.

• Para Asignaciones Familiares, la Nación girará $ 695.548 millones.

• Para atender el pago a los beneficiarios de la Asignación Universal para Protección Social se enviarán $ 434.786 millones.

• Otros $ 330.782 millones llegarán para la Atención de ex Cajas Previsionales.

• La Pensión Universal para el Adulto Mayor tendrá una partida de $ 65.055 millones.

• A su vez, las Pensiones No Contributivas serán financiadas con unos $ 83.000 millones.

• El PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) dispondrá de unos $ 104.000 millones durante 2027.

• Para prestaciones alimentarias, la Nación destinará en Tucumán $ 156.000 millones.

Una de las polémicas instaladas por estos días en la previa del debate parlamentario del proyecto se refiere a los recortes en partidas sociales. El artículo 17 de la iniciativa del Ejecutivo busca eliminar la fórmula de movilidad automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las Asignaciones Familiares. Al no proponer un mecanismo sustituto ni una periodicidad obligatoria, la actualización de estos ingresos pasaría a depender exclusivamente de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo, alerta ACIJ. “La experiencia reciente de las partidas no indexadas evidencia el peligro de este esquema: mientras las prestaciones atadas a la movilidad recuperaron un 31,9% real desde 2023, la Prestación Alimentar permaneció 23 meses sin aumentos, deteriorando gravemente su capacidad de cobertura sobre la Canasta Básica Alimentaria”, subraya.

En materia de políticas dirigidas a personas con discapacidad, el proyecto introduce transformaciones de corte regresivo. A través de los artículos 39 y 41, se elimina la homogeneidad del Nomenclador de Prestaciones Básicas, habilitando a cada ente obligado a fijar unilateralmente sus propios aranceles con los prestadores. Esto crearía un factor estructural de desigualdad, empujando a los beneficiarios de los organismos que abonen tarifas más bajas a enfrentar menor oferta o peor calidad de atención, en abierta contradicción con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Asimismo, la iniciativa deroga la Pensión No Contributiva creada por la Ley de Emergencia en Discapacidad -que garantizaba la compatibilidad con el trabajo formal- y restringe el acceso a la pensión tradicional por invalidez laboral, mientras el programa Incluir Salud registra un recorte del 13,9% respecto de 2026 y del 19% frente a 2023.

¿Y las obras públicas?

En infraestructura, el proyecto consolida la reducción de la participación directa del Estado nacional y la transferencia de obras a provincias y municipios: de una cartera de 2.339 proyectos, 1.683 fueron dados de baja o ingresaron en rescisión, 457 se transfirieron o están en proceso de traspaso y sólo 199 continúan bajo gestión federal directa. Con un gasto de capital en infraestructura que sigue cerca de un 80% por debajo de 2023 ($ 3,8 billones frente a $ 18,4 billones a precios constantes), la iniciativa reemplaza parte del financiamiento presupuestario directo por gastos tributarios, señala el reporte de ACIJ. Al mismo tiempo, el proyecto complementa el menor financiamiento presupuestario directo con beneficios tributarios destinados a promover inversión privada, especialmente en las concesiones de rutas nacionales. 

En esa línea, el artículo 67 fija para nuevos concesionarios viales privados beneficios impositivos como amortización acelerada, crédito fiscal de IVA y el cómputo total del impuesto al cheque a cuenta de otros tributos, sujeto a que las provincias eximan del pago de los impuestos a los Sellos e Ingresos Brutos. Es decir, parte del apoyo estatal a la infraestructura deja de adoptar la forma de gasto presupuestario directo y pasa a canalizarse mediante gastos tributarios asociados a la inversión privada.

Para 2027, la continuidad de las obras queda además sujeta a su alineación con las prioridades del Gobierno y a criterios de “austeridad, eficiencia y priorización del gasto”.

En el caso de Tucumán, el proyecto contempla que el Ministerio de Economía destinará cerca de $ 17.000 millones para el mantenimiento de las rutas nacionales. Asimismo, el área que conduce el ministro Luis Caputo desembolsará más de $ 47.000 millones para que el año que viene se ejecuten obras de transporte de energía eléctrica en el distrito gobernador por Osvaldo Jaldo. Otros $ 41.500 se distribuirán para encarar trabajos de infraestructura hidráulica (agua y saneamiento).

El Proyecto de Presupuesto Nacional 2027 enumera, por otra parte, aquellas obras que tendrán, en su gran mayoría, financiamiento externo, como programas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial (BM). En ese sentido, aparecen las siguientes obras de infraestructura:

• Construcción de Acueducto Vipos - Tucumán (BID 5578 OC-AR) con una inversión durante 2027 de $ 25.113 millones.

• Construcción de Redes Colectores etre Alderetes y Banda del Río Salí (PAYS II - BID N°3451), con una partida de $ 6.311 millones.

• Ampliación Planta Depuradora - Alderetes y Banda de Rio Sali -Tucumán (PAYS II -BID 3451) con unos $ 6.927 millones.

• Construcción de Planta Depuradora de Líquidos Cloacales en la ciudad de Concepción que tendrá un financiamiento de $ 2.196 millones. A diferencia de los anteriores, estas obras serán encaradas con recursos del Tesoro Nacional.

Párrafo aparte es el financiamiento que el Gobierno nacional destinará para el sostenimiento de los gastos de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Sobre poco más de $ 7,3 billones que le corresponderán a las casas de altos estudios de la Argentina, a la de Tucumán le asignarán $ 283.613 millones. Para el ejercicio vigente, la Nación dispuso que la UNT cuenta con un financiamiento original de unos $ 212.671 millones. Así, la suba interanual será del 33%, según los datos oficiales.

Ingresos

Las transferencias automáticas a las provincias alcanzará los $ 104 billones

De acuerdo con los datos del proyecto de Presupuesto Nacional 2027, las transferencias automáticas a provincias y a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) alcanzarían los $ 104 billones en ese año, una cifra equivalente a 7,3% del Producto Bruto Interno (PBI). Estos recursos presentarían un alza real, comparando con inflación proyectada en ese texto, del 7,5% respecto de este 2026, año donde las transferencias automáticas, según lo proyectado, totalizarían unos $ 79,9 billones (creciendo 0,3% real respecto de 2025).

El crecimiento esperado se apoya en una proyección de mejora de la recaudación tributaria nacional, con especial impacto en tributos de fuerte participación en la coparticipación como el IVA y Ganancias, y otros de importante impacto en el esquema de leyes y regímenes especiales como el impuesto a los combustibles y el Monotributo, detalla un reporte de Politikon Chaco. La iniciativa nacional proyecta que las transferencias de fondos coparticipables hacia Tucumán tendrán un incremento interanual real del 6,7%, por debajo del consolidado de provincias del 7,5%. Esta pauta marcaría el piso para la elaboración del Presupuesto 2027, que tendrá que ser remitido a la Legislatura provincial hasta fines de octubre.

Las pautas

¿Qué pasará con la inflación, con el tipo de cambio y con el crecimiento económico?

El proyecto de Presupuesto Nacional  proyecta una inflación acumulada de 29% para diciembre de 2026. Al momento de la presentación (este mes), el cumplimiento de esta estimación exigiría una variación promedio de 1,6% mensual para el último cuatrimestre del año. Para 2027, anticipa un incremento acumulado de precios de 18%, lo que equivale a un promedio de 1,4% mensual. En los próximos años se proyecta un proceso de desinflación, acumulando 10% en 2028 y 6% en 2029. En cuanto al tipo de cambio, se prevé una cotización del dólar oficial de $ 1.600 para diciembre de este año y de $ 1.847,60 para diciembre de 2027. 

Al contrastar la variación del tipo de cambio con la inflación estimada en el propio Presupuesto, se advierte que el dólar aumentaría por debajo de la de los precios generales. Esto implica una apreciación real de 14,3% en 2026 y de 2,1% durante 2027, indica un reporte del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). A su vez, las proyecciones oficiales para los próximos años reflejan una desaceleración progresiva en la tasa de depreciación nominal, manteniéndose sistemáticamente por debajo de la inflación prevista. Se estima un crecimiento del PBI para 2026 de 3% y de 4% para 2027, pronóstico que resulta particularmente optimista, acota el CEPA.