El ex rector Sergio Pagani le dejó la casa ordenada al actual rector, Sergio Mohamed, en lo que hace a la UNT minera. En diciembre pasado se firmó el acuerdo con Catamarca por Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), el ente que la Universidad comparte con esa provincia para administrar las utilidades que deja la minería en el sector de Farallón Negro. Las utilidades de YMAD para la UNT habían sido dispuestas por la ley de creación del ente, de 1958, para terminar la Ciudad Universitaria. A comienzos de los 2000, cuando comenzó a llegar una millonada de plata por la producción de la Minera Alumbrera, se descompaginaron todas las estrategias para cumplir con ese mandato y se desataron todas las ambiciones.

En el rectorado de Juan Alberto Cerisola se realizaron construcciones y arreglos y se dispuso de millones de dólares de modo tan caótico que se tiñó de oscuro la cara de la UNT con la presunción de corrupción. Se llegó al juicio oral entre 2024 y 2025 contra el ex rector y tres ex funcionarios, que terminó en tres condenas y un sobreseimiento, todo lo cual está apelado.

El entuerto derivado de la plata de YMAD para la Ciudad Universitaria fue arreglado al final de la gestión Pagani, tras ardua negociación en la que intervino asiduamente uno de los delegados de la UNT en YMAD, José Roberto Toledo.

Los cambios

Ahora YMAD tiene un nuevo estatuto, sus responsables prometen que se asegurará la mayor transparencia tanto en las operaciones como en las decisiones que se tomen. Con respecto a la ley que le daba sustento, la 14.771, fue modificada; la Nación ya no interviene en el ente y se resolvió el conflicto que se había generado con la obligación de destinar el 40% de las utilidades que le corresponde a la UNT a concluir la Ciudad Universitaria. Esta ciudad siempre fue el complejo del cerro San Javier y de Horco Molle, imaginado y llevado a cabo parcialmente por el ex rector Horacio Descole y un grupo de eminencias de la Universidad y la sociedad tucumana de fines de los años 40. Ahora se va a usar ese 40% de utilidades para construir 135.000 metros cuadrados en obras que deberá decidir el Consejo Superior, que es el que dispone sobre los bienes universitarios.

Reserva ambiental

Poco antes del acuerdo con Catamarca sobre YMAD, la gestión de Pagani había puesto su energía en establecer, fuera de toda duda, que la Ciudad Universitaria ya no iba a poder completarse en el cerro. Toda esa urbe de estudios abarcaba las 18.000 hectáreas expropiadas en 1948 para la Universidad (con el paso de los años quedaron solamente 14.000 hectáreas) en las cuales ahora está ubicado el parque Sierra de San Javier. Este fue establecido como zona ambiental y de cuidado de la biodiversidad en los años 70 y verdaderamente se ha constituido en la reserva del medio ambiente del Gran Tucumán en estas últimas décadas. La gestión Pagani encargó estudios históricos, geológicos y ambientales para que quede claro que ya no habrá Ciudad Universitaria ahí. Se clausuró uno de los grandes sueños que forjaron parte de la identidad de la UNT. Es decir, ha quedado una herida brutal en ese sueño pero la contradicción ha sido saldada.

Ahora la gestión Mohamed tiene el campo libre y se ha de incorporar a los proyectos que se están gestando en Catamarca e YMAD para sacar provecho de la minería.

Sin resolver

Pero aún quedan asuntos pendientes.

Uno es el debate sobre el rol de la universidad en la minería. La cuestión ya no es como fue cuando Abel Peirano descubrió el yacimiento allá por los años 30 y le legó generosamente sus derechos a la UNT, así como en los años 40-50, cuando se pensó que las utilidades mineras iban a ser un gran sustento para las arcas universitarias. Ahora la minería arrastra el estigma de la contaminación cuando no hay control adecuado y del uso excesivo del agua y nunca se puede quitar ese sambenito. En los tiempos de los escándalos derivados de la gestión Cerisola y después en épocas de los acuerdos que se pretendía hacer con nuevas empresa mineras, a la UNT le estalló ese debate, mientras arreciaban las protestas en Andalgalá, pueblo ubicado junto a la explotación de Bajo la Alumbrera. Un ex consejero superior, Hugo Ferullo, planteó en su momento si la UNT no debía preguntarse por la razón de su participación en la minería.

Mientras no haya conflictos ambientales y no estén afianzadas las explotaciones mineras en el área de YMAD, el debate estará asordinado. Pero podría volver.

Convidado de piedra

Tampoco están cerradas las puertas que se abrieron con el escándalo Cerisola. Este modificó la Ley 14.771 con la firma de un acta en 2008 y con ello alteró la forma de usar las utilidades, con lo que quedó dinero de libre disponibilidad cuyo destino nunca se investigó. También alteró la obligación de regirse por la Ley nacional de Obras Públicas para hacer la “Ciudad Universitaria Siglo XXI” que él pergeñó. El Consejo Superior fue convidado de piedra en las medidas que tomó el ex rector y comenzó a darse cuenta de lo que pasaba a partir de 2014, pese a que las decisiones mineras de Cerisola y Cía. habían sido denunciadas en la Justicia en 2010.

¿Tendrá la UNT la aptitud para evitar maniobras de esas que caminan por la cornisa de la legalidad y pueden caerse en el lodo de la corrupción, como ocurrió en este caso?. El juicio contra Cerisola permitió abrir puertas, atisbar lo que había ocurrido y a la vez saber que había cosas que quedaron escondidas, sin investigar. El proceso oral abarcó lo que se hizo con 13 obras entre 2006 y 2009. Pero la plata de la minería llegó desde 2003 hasta 2014 en gran cantidad. Y sigue llegando. Las nuevas autoridades aseguran que todo se va a hacer con la mayor transparencia.

Mucho de lo sucedido volverá a estar en el candelero cuando se lleven a cabo tres procesos judiciales derivados de algún modo de la causa YMAD: El juicio contra el ex secretario de Bienestar Estudiantil, Ramiro Moreno, fue filmado haciendo presunta compra de voluntades; el caso de las sobreasignaciones en el gabinete de Cerisola; el juicio contra la ex directora de Construcciones Universitarias, OIga Cudmani, por falta de aportes previsionales por $ 77 millones; y el juicio contra 22 empresarios por participación en los sobreprecios en las obras por los que fue condenado Cerisola.

Cuando estos procesos se lleven a cabo -en caso de que lleguen a juicio- volverá a estar en el candelero la estructura de la Universidad frente a las maniobras de “corrupción rampante” (como la calificó el fiscal Pablo Camuña) y volverá la discusión de qué tiene que hacer la UNT con la minería. Eso sí, ya el sueño de la Ciudad Universitaria en San Javier estará concluido y reemplazado por otra cosa a definir.