Ordenar la venta ambulante en San Miguel de Tucumán supone intervenir sobre una realidad atravesada por intereses y necesidades legítimas, aunque difíciles de conciliar. Por un lado, cientos de personas encuentran en esa actividad una forma de subsistencia. Por otro, comerciantes que cumplen obligaciones tributarias reclaman condiciones equitativas, mientras los peatones necesitan veredas transitables, seguras y accesibles. Ninguna de esas dimensiones debería ser ignorada.
La Municipalidad anunció nuevas pautas acordadas con representantes del sector. Se permitirán hasta tres vendedores por cuadra, con mesas de dimensiones reducidas y sin ocupar los frentes de los negocios. El propósito declarado es ordenar la actividad sin expulsar a quienes viven de ella. El criterio resulta razonable como punto de partida, pero su eficacia dependerá de que las disposiciones se apliquen de manera sostenida, transparente y sin excepciones.
La vía pública pertenece a todos. Cuando una vereda queda bloqueada, las dificultades no afectan solamente la apariencia de la ciudad. Perjudican especialmente a personas con discapacidad, adultos mayores, familias con coches de bebé y ciudadanos que deben bajar a la calzada para continuar su recorrido. Garantizar la circulación no constituye una consideración secundaria ni un reclamo meramente estético: es una responsabilidad indelegable del Estado municipal.
Al mismo tiempo, reducir el problema a la aplicación de sanciones sería desconocer su origen. La expansión de la venta informal expresa las dificultades que muchas personas encuentran para incorporarse al empleo registrado. Los controles son necesarios, pero deben acompañarse con alternativas que permitan avanzar hacia una mayor formalización. El registro municipal, que reúne a unos 1.200 vendedores y emprendedores interesados en participar de ferias, puede ser una herramienta útil si ofrece oportunidades reales, criterios conocidos y espacios adecuados.
También resulta indispensable proteger a quienes desarrollan actividades comerciales dentro de la legalidad. Pagan alquileres, impuestos, servicios y salarios, y no deberían quedar expuestos a una competencia que funciona sin las mismas obligaciones y, en algunos casos, delante de sus propios locales. La experiencia muestra que los acuerdos suelen debilitarse cuando termina el operativo que los puso en marcha. Por eso, el desafío no consiste únicamente en establecer cuántos puestos puede haber por cuadra, sino en sostener una política pública capaz de combinar diálogo, control y alternativas laborales. El ordenamiento no debe convertirse en persecución, pero tampoco en una sucesión de reglas que nadie hace cumplir.