El resumen de la tarjeta de crédito o el recordatorio de la cuota en la billetera virtual han reemplazado a la libreta del almacén propia de los tiempos de bolsillos flacos. En Tucumán, llegar a fin de mes implica, para miles de familias, hacer equilibrio sobre una cuerda cada vez más fina donde el endeudamiento dejó de ser una herramienta de progreso.

Un exhaustivo informe desarrollado por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC), una organización sin fines de lucro enfocada en derechos sociales y fortalecimiento democrático, junto con la fundación alemana Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), plasmó en la plataforma interactiva mapadeladeuda.ar la realidad del pasivo familiar en todo el país.

El estudio procesó los registros de la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que consolida la información crediticia reportada tanto por bancos tradicionales como por proveedores no financieros de crédito (financieras de consumo, emisoras de plásticos de cadenas comerciales y plataformas fintech de préstamos personales).

La distinción clave: volumen de dinero, no padrón de personas

El diagnóstico para Tucumán arroja una señal de alerta ineludible: la tasa de mora provincial se ubicó en el 20,32%, posicionándose casi tres puntos porcentuales (2,92 exactamente) por encima del promedio nacional, que cerró en 17,4%.

Frente a estas estadísticas suele filtrarse una confusión recurrente en el debate público: ese 20,32% no significa que dos de cada diez tucumanos con deuda estén en mora, sino que el 20,32% del dinero total adeudado en la provincia está en situación de incumplimiento o atraso. En términos llanos: de cada 100 pesos que las familias tucumanas le deben al sistema financiero formal y no bancario, más de 20 pesos ya traspasaron los plazos regulares de pago.

En el plano demográfico, las magnitudes también impresionan: sobre un universo de 694.045 tucumanos con compromisos financieros activos, 216.716 personas registran retrasos directos en el cumplimiento de sus obligaciones. Casi un tercio del padrón de deudores locales ya lidia con intimaciones, refinanciaciones leoninas o llamados de cobranza.

La brecha territorial: el Gran San Miguel en rojo y el respiro del interior

El impacto del atraso no se distribuye de manera homogénea sobre la geografía provincial, sino que reproduce las fracturas socioeconómicas del territorio:

El cinturón metropolitano al límite: Las mayores tensiones y los índices más críticos de mora por monto se concentran en el conglomerado urbano. El departamento Cruz Alta lidera el ranking provincial con un nivel de morosidad del 23,46%, seguido de cerca por Tafí Viejo, que registra un 22,13%. La Capital (San Miguel de Tucumán) tampoco escapa al ahogo: marca un 20,67%, ubicándose por encima del promedio provincial.

El contraste productivo y turístico: En la vereda opuesta, los departamentos vinculados a la actividad agroindustrial y a los polos turísticos muestran indicadores de incumplimiento comparativamente más contenidos. Simoca ostenta la tasa más baja de la provincia con un 16,8%, seguido por Tafí del Valle, que computa un 17,4% de deuda impaga.

Juventud e informalidad: la tasa usuraria del último recurso

El informe del CEC y la FES hace foco en un segmento especialmente vulnerable: la denominada juventud endeudada. En la franja de menores de 35 años, el índice de morosidad se dispara por encima del 25%. La ecuación es corrosiva: ante la falta de inserción en el empleo formal y salarios deprimidos, los jóvenes quedan fuera de las líneas bancarias tradicionales y son empujados a los préstamos de aplicaciones digitales y créditos de mostrador.

Esos canales, que cobran costos financieros totales que multiplican las tasas de referencia, terminan sellando un círculo vicioso de impago precoz que mancha el historial crediticio de miles de chicos antes de consolidar su primer trabajo estable.

El mapa de la deuda tucumana muestra hasta qué punto el endeudamiento se convirtió en el mecanismo con el que miles de hogares cubren la comida, el medicamento o la tarifa de luz, acumulando una mochila financiera que amenaza con congelar cualquier perspectiva de reactivación económica a través del consumo de productos no indispensables.