La Municipalidad de San Miguel de Tucumán intensificó las sanciones a infractores que fueron detectados arrojando residuos en la vía pública, según se dio a conocer desde la sede de 9 de Julio y Lavalle.
En ese sentido, el secretario de Ordenamiento y Convivencia (a cargo de la Fiscalía Ambiental), Javier González, informó que ya fueron secuestrados 25 vehículos de personas que han sido identificadas mediante las cámaras instaladas en distintos puntos de la ciudad.
Los procedimientos son implementados por la Fiscalía Ambiental dependiente de la Secretaría de Ordenamiento y Convivencia, con la intervención del Centro Operativo de Monitoreo Municipal (COMM) y de los Juzgados del Tribunal de Faltas, en articulación con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a través de los inspectores de la Brigada Ambiental Municipal (BAM).
“Son 25 hechos que se han producido durante los meses de junio, julio y agosto. Se trata de una pesquisa que ha llevado su tiempo de tramitación, porque ha involucrado el aporte y el entrecruzamiento de datos entre distintas reparticiones del orden municipal, provincial y también nacional para poder establecer fehacientemente quiénes eran las personas detectadas por las cámaras del Centro de Monitoreo”, explicó González.
El funcionario dio detalles de las actuaciones. “Esto ha motorizado una investigación de oficio de la Fiscalía Ambiental que a partir de informes que se han recolectado ha logrado determinar la identidad de cada uno de esos 25 infractores y con todo este elemento probatorio hemos acudido al juez ambiental que tiene San Miguel de Tucumán, quien rápidamente ha actuado, ha ordenado el secuestro de cada uno de esos 25 rodados”, detalló. Y resaltó que “también se les ha establecido a esos infractores distintos montos de multa, según establece el Código de Faltas de la ciudad”.
El fiscal ambiental reiteró que “con el dominio de cada uno de esos rodados se pudo identificar quién era el propietario, se labró el acta de infracción, se ordenó el secuestro y también se impuso una sanción económica”. González especificó que “las diligencias posteriores al secuestro del vehículo son asumidas por el juez ambiental, quien convoca al infractor que puede ejercer su derecho a defensa mediante un descargo que puede formular en esa oficina y luego es también el juez quien resuelve si libera o no ese rodado y si impone algún otro tipo de sanción complementaria al que dictó inicialmente”. El encargado de la Fiscalía Ambiental subrayó que “las multas de acuerdo a lo que prevé el Código de Faltas que está en vigencia en nuestra ciudad pueden llegar hasta los $900.000”.