El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el oeste de Colombia el lunes 10 de agosto, con epicentro en Chocó, dejó cientos de víctimas y llevó al gobierno de ese país a declarar desastre nacional. Cada vez que un sismo de esta magnitud ocupa los titulares, resurge en Tucumán la misma pregunta: ¿qué pasaría acá? Desde hace algunos años venimos trabajando en dar una respuesta con datos propios de la ciudad, reunidos en el libro “Riesgo Sísmico en San Miguel de Tucumán: Una aventura en sismología” y en la investigación asociada que desarrollamos junto con la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (UNT) y la colaboración de Defensa Civil Municipal.

Compartimos acá una síntesis de lo que ese trabajo permite decir hoy sobre la situación de la ciudad. Según la clasificación oficial del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), Tucumán se encuentra en zona sísmica 2, de peligrosidad moderada, con una aceleración máxima del suelo de 0,18 g —bien por debajo de la categoría “muy elevada” que concentra el sur de San Juan y el norte de Mendoza (0,35 g)—. Esa clasificación está fundamentada en el registro sismológico de la región. Conviene tener presente, de todos modos, que la provincia cuenta con un antecedente histórico concreto: el terremoto del 19 de enero de 1826, que destruyó buena parte de Villa Vieja de Trancas con una magnitud estimada en 6,5 y se sintió con fuerza en la capital. Es el evento que usamos como referencia para dimensionar lo que la región es capaz de producir.

Una parte central de nuestro trabajo consistió en caracterizar el subsuelo de San Miguel de Tucumán, un dato que suele quedar fuera de la conversación pública sobre sismos. La ciudad está asentada sobre un relleno sedimentario de entre 200 y 300 metros de espesor por encima de la roca dura, cuyos primeros 10 metros son, según observamos en excavaciones de edificios de altura, arena limosa moderadamente consolidada. En la clasificación geotécnica que se usa en sismología, este tipo de suelo corresponde a la categoría “rígido” (tipo D), con capacidad de amplificar la vibración de un sismo antes de que llegue a la superficie. Es información que cualquier evaluación de riesgo necesita incorporar, más allá de la magnitud del sismo que la origine.

También relevamos, mediante un muestreo por sectores de la ciudad, las tipologías constructivas dominantes en los cerca de 125.000 edificios de San Miguel de Tucumán: construcciones de hormigón armado de una o dos plantas (entre 30% y 63%, principalmente casas de barrio), edificios de hormigón armado en altura (hasta 25% según el sector), estructuras de acero (entre 5% y 15%) y mampostería sin refuerzo de más de 40 años de antigüedad (entre 20% y 35%), que incluye tanto viviendas antiguas como buena parte de los edificios públicos. Cada tipología tiene un comportamiento sísmico distinto, y las caracterizamos con curvas de capacidad estructural y de fragilidad ante el daño.

Con esos datos corrimos una simulación con el programa Selena —la misma metodología en la que se basa la herramienta de la agencia de emergencias de Estados Unidos (FEMA)— para un escenario de magnitud 6,3, del orden del sismo histórico de 1826. Los resultados para la ciudad actual fueron: alrededor de 20.000 viviendas dañadas, un costo de reparación o reposición estimado entre 10 y 20 millones de dólares, y hasta 30 personas heridas. Se trata de una magnitud moderada, no del escenario máximo que la región podría llegar a producir. Creemos que estos números aportan algo concreto a la conversación pública: no para instalar alarma, sino para reemplazar la pregunta abierta “¿y si pasa acá?” por información específica sobre qué pasaría y dónde están las mayores vulnerabilidades. En ese sentido, nuestras conclusiones apuntan en una dirección puntual: hace falta un relevamiento geotécnico más detallado del subsuelo de la ciudad y una tipificación más rigurosa del parque edilicio existente, en particular del más antiguo y de los edificios públicos, como base para cualquier política de mitigación futura. Es el mismo trabajo que ya hicimos a escala de muestra, y que puede profundizarse. La sismicidad moderada de Tucumán no equivale a riesgo nulo, y así lo señala el propio Inpres.

Contar con datos propios de la ciudad, actualizados y accesibles, es lo que permite pasar de la incertidumbre a la planificación. El riesgo sísmico no se agota en si un edificio nuevo cumple la norma de diseño. Incluye el parque edilicio existente —escuelas, hospitales, viviendas de décadas atrás construidas antes de que estos reglamentos se actualizaran o se aplicaran con el rigor actual—, la planificación urbana en términos de vías de evacuación y espacios abiertos, y la preparación ciudadana básica: saber qué hacer, dónde no estar, cómo reaccionar. Ninguno de estos frentes se resuelve solo con un mapa de zonificación técnicamente impecable si no baja a política pública sostenida y a conciencia ciudadana. La calma tucumana frente al riesgo sísmico es, en el fondo, una construcción social más que un dato geológico y un dato ingenieril. Y a diferencia de un terremoto, esa sí es una variable que la ciudad puede decidir cambiar antes de que algo la obligue a hacerlo.