El anuncio de un posible paro de colectivos generó el rechazo del Gobierno provincial y de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Osvaldo Jaldo y Rossana Chahla coincidieron este jueves en cuestionar la medida y reclamaron que el conflicto entre los trabajadores y los empresarios se resuelva mediante el diálogo, aunque advirtieron que, si el servicio no se presta, podrían adoptar decisiones dentro del marco legal.
Chahla sostuvo que el municipio todavía no había recibido una comunicación oficial sobre la medida y remarcó que la administración capitalina viene cumpliendo con los aportes acordados para sostener el transporte. “Creemos que deben cumplir porque es esencial para la gente que va a la escuela, para la que va al trabajo y porque necesitamos el transporte”, afirmó.
La intendenta cuestionó además la reiteración de las medidas de fuerza. “No podemos estar cada 30 o 40 días teniendo un paro de colectivos”, señaló. En ese sentido, explicó que el municipio viene trabajando junto con la Provincia en distintas alternativas para transformar el sistema de transporte y encontrar soluciones de manera progresiva.
Paro de colectivos en Tucumán: qué pide UTA, qué responden los empresarios y qué puede evitar la medida de fuerza“Si no hay diálogo, si de repente hacemos un paro, no es la manera de consensuar o de llegar a un acuerdo”, sostuvo Chahla. Y agregó: “Los acuerdos se hacen entablando relaciones, conversaciones y no amedrentando”.
Para la intendenta, el principal impacto de una interrupción del servicio recae sobre los usuarios que dependen diariamente de los colectivos. “Lo único que importa acá es que no se corte el hilo por lo más débil, que es la gente que más lo necesita”, remarcó.
Jaldo pidió reciprocidad
Jaldo, por su parte, respaldó el planteo de Chahla y aclaró que el derecho a realizar un paro está contemplado por la Constitución, pero sostuvo que quienes impulsan una medida de fuerza también deben asumir las consecuencias.
“El paro es constitucional, es legal. O sea, quien toma una medida de este tipo tiene que asumir la responsabilidad y, por qué no decirlo, asumir las consecuencias”, afirmó.
El gobernador aseguró que la Provincia no está de acuerdo con una paralización del transporte y puso el foco en el esfuerzo económico que realizan las distintas administraciones para mantener el servicio. Mencionó no solo el aporte del Gobierno provincial y del municipio capitalino, sino también el de otros municipios del interior que colaboran con las líneas locales.
“Estamos haciendo un gran esfuerzo económico para sostener el transporte en la provincia de Tucumán”, señaló Jaldo. Según explicó, las compensaciones y aportes permiten sostener los salarios de los más de 3.500 trabajadores del transporte público de pasajeros nucleados en la UTA.
Paro de UTA: qué se dijo en la reunión donde se comunicó la medida del viernes 14El mandatario remarcó que el objetivo de ese esfuerzo es doble: garantizar el servicio para los aproximadamente 600.000 usuarios que utilizan diariamente los colectivos y contribuir a que las familias de los trabajadores puedan cobrar sus salarios.
“Nosotros no estamos dispuestos a aceptar un paro”, afirmó Jaldo. Y planteó un pedido de reciprocidad a los distintos sectores involucrados en el conflicto: “Pedimos que si se toman medidas extremas, se hagan cargo los responsables”.
Finalmente, advirtió que, si el servicio no se cumple, la Provincia y el municipio podrían evaluar otras alternativas. “Nosotros vamos a acompañar en la medida que se cumpla el servicio. Si el servicio no se cumple, también están liberando al municipio y a la Provincia de tomar decisiones dentro de las leyes y dentro de la Constitución provincial”, sostuvo.