Los gremios docentes y no docentes de las universidades nacionales confirmaron un nuevo paro total de actividades de 24 horas para el próximo miércoles 12 de agosto. La medida de fuerza se llevará a cabo sin concurrencia a los lugares de trabajo en todas las casas de altos estudios públicos del país. La huelga forma parte de la continuidad del plan de lucha nacional impulsado por la comunidad universitaria en reclamo de mejoras salariales urgentes y en exigencia al cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.
El Congreso votó la Ley de Financiamiento Universitario hace casi 300 días, pero el Gobierno aún no la ejecuta. A eso se suma que la Corte Suprema dejó en pie una cautelar que obliga al Estado a actualizar los salarios de los trabajadores y trabajadoras universitarios a noviembre de 2023, resolución que tampoco fue acatada. El tercer frente abierto involucra el incumplimiento de un acuerdo que el propio Ejecutivo había suscripto sobre los fondos para los Hospitales Universitarios.
El abanico de reclamos combina la recomposición de los haberes con la restitución de partidas presupuestarias críticas para el funcionamiento institucional. Entre los puntos centrales del petitorio sindical se destacan la urgente actualización salarial, la cancelación de la deuda acumulada con los trabajadores, el pleno acatamiento de la legislación presupuestaria universitaria y la transferencia inmediata de los fondos destinados al sostenimiento de los hospitales universitarios.
Desde el sector no docente, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) oficializó la convocatoria tras una reunión de su Consejo Directivo. La resolución fue acatada con celeridad por las distintas filiales territoriales.
En el ámbito docente, la Conadu Histórica ratificó el estado de conflicto permanente y profundizó el esquema de protestas con la convocatoria a un paro de cinco días, programado del 18 al 22 de agosto. La conducción de la federación justificó la extensión de las medidas en la persistente negativa del Poder Ejecutivo a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y en la urgencia por recuperar el poder adquisitivo de los salarios frente a la escalada inflacionaria.
En un pronunciamiento público, la organización sindical resaltó la confirmación de una reciente medida cautelar vinculada al conflicto, la cual calificó como un logro directo de la movilización popular. No obstante, advirtió que el Gobierno nacional mantiene el incumplimiento de diversos aspectos clave de la normativa vigente. Según las estimaciones presentadas por el gremio, la deuda salarial acumulada con el sector alcanzaba un 28,5% al cierre del mes de junio.
Con este escenario, el dictado de clases y el desarrollo de tareas administrativas en las universidades públicas atravesarán semanas de fuerte parálisis durante el mes de agosto. El frente sindical dejó en claro que la intensidad de las protestas irá en aumento mientras la Casa Rosada no abra una instancia formal de negociación que garantice el presupuesto operativo y la recuperación de los ingresos de docentes y no docentes.