En los últimos años, diversas academias médicas, sociedades científicas y entidades vinculadas al ámbito farmacéutico han expresado, de manera reiterada y fundada, su preocupación por el rumbo que ha tomado la política de medicamentos en la Argentina. Sin embargo, esas advertencias, lejos de traducirse en una revisión profunda del sistema, parecen haberse diluido en la práctica cotidiana, donde el acceso a fármacos se asemeja cada vez más a un acto de consumo que a una instancia terapéutica. Una de las críticas más consistentes ha sido la pérdida de autonomía del médico. La imposición de la prescripción por nombre genérico, sin posibilidad clara de sugerir una marca determinada, ha sido señalada como una limitación a la responsabilidad profesional. No se trata de una discusión menor: el acto de prescribir no es un trámite administrativo, sino la culminación de un razonamiento clínico que integra diagnóstico, experiencia y conocimiento del paciente. A ello se suma un aspecto técnico de enorme relevancia: la falta de bioequivalencia plenamente garantizada entre los distintos productos disponibles. Si bien comparten un mismo principio activo, no siempre existen estudios robustos que aseguren igual eficacia y seguridad entre todas las opciones. En este contexto, la sustitución automática en el mostrador puede introducir una variable incierta en tratamientos que requieren precisión. Otro punto señalado ha sido el traslado de decisiones hacia el farmacéutico, quien, en la práctica, termina eligiendo, o sugiriendo, el producto final. Sin desmerecer su rol profesional, este desplazamiento modifica la relación médico-paciente, diluyendo responsabilidades y fragmentando el acto terapéutico. Pero quizás el fenómeno más preocupante sea el avance sostenido de la automedicación y el autodiagnóstico. La expansión del concepto de “venta libre” ha contribuido a instalar la idea de que ciertos medicamentos pueden ser utilizados sin mediación profesional, como si se tratara de bienes de consumo ordinario. Así, el síntoma se interpreta en soledad, el diagnóstico se presume y el tratamiento se decide frente a una góndola o a un consejo ocasional. Este proceso conlleva una banalización del medicamento, que deja de ser concebido como una herramienta terapéutica potencialmente riesgosa, que exige indicación, seguimiento y control, para convertirse en un recurso inmediato, accesible y aparentemente inocuo. En ese tránsito, se desdibuja también el valor del acto médico, que ya no aparece como instancia necesaria, sino como una opción prescindible. Lo llamativo no es la ausencia de advertencias. Por el contrario, las hubo, y en abundancia. Academias, especialistas y entidades profesionales han señalado con claridad estos riesgos. Sin embargo, esas voces no lograron consolidarse en una política integral que garantice, al mismo tiempo, acceso, calidad y uso racional del medicamento. El resultado es un escenario paradojal: nunca fue tan fácil acceder a ciertos fármacos, pero tampoco estuvo tan expuesto el paciente a decisiones sin el debido respaldo clínico. En nombre de la accesibilidad, se corre el riesgo de debilitar la seguridad. En nombre de la libertad de elección, se desplaza la responsabilidad. Porque entre el precio y la seguridad, entre la libertad y el riesgo, hay una responsabilidad indelegable: la de no olvidar que detrás de cada comprimido no hay un cliente, sino un paciente.
Juan L. Marcotullio
Marcotulliojuan@gmail.com