Un cambio en las reglas que regulan el practicaje abrió un conflicto entre el Gobierno nacional y los profesionales que cumplen una función clave para la navegación comercial. La disputa ya impacta en distintas terminales portuarias del país: unos 140 barcos permanecen sin operar y las exportaciones de granos están frenadas.

Desde el sábado pasado, buena parte de los prácticos, pilotos y baqueanos decidió, de manera individual, no aceptar nuevas asignaciones de trabajo hasta que se resuelva la controversia generada por la nueva normativa.

Los prácticos cumplen una función considerada clave para la seguridad de la navegación en zonas complejas, como ríos, canales y accesos a los puertos. Su conocimiento de las corrientes, la profundidad y los riesgos particulares de cada área resulta determinante para las maniobras de los buques.

Su actividad también tiene una incidencia directa sobre el comercio exterior argentino. Una parte importante de las exportaciones del país se moviliza a través del río Paraná y el Río de la Plata, donde estos profesionales intervienen en el tránsito de las embarcaciones.

El decreto que desató el conflicto

El origen de la disputa está en el Decreto 690/2026, publicado el 31 de julio en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La norma reemplaza el reglamento que regulaba la actividad desde 1991 y modifica varios de sus aspectos centrales.

Entre otras medidas, elimina el límite de cupos para que un profesional pueda inscribirse como práctico, permite que armadores y agencias marítimas contraten directamente a estos trabajadores y establece topes tarifarios a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).

Además, habilita a capitanes que hayan realizado una determinada cantidad de viajes en una zona a navegar sin necesidad de contratar un práctico.

El Gobierno sostiene que la reforma tiene como objetivo reducir los costos logísticos y promover una mayor competencia en la actividad.

Sturzenegger defendió los cambios a través de un mensaje publicado en su cuenta de X y afirmó que se “desarmaron kioscos”.

El funcionario sostuvo que el esquema anterior establecía “barreras de entrada” que restringían la cantidad de prestadores y encarecían el servicio. También cuestionó la segmentación geográfica que, según explicó, obligaba a contratar a más de un práctico para completar un mismo recorrido.

Por qué los profesionales rechazan la reforma

Las entidades que representan a prácticos, pilotos y baqueanos tienen una postura completamente diferente.

La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante calificó al decreto como inconstitucional y anunció que recurrirá a la Justicia Federal.

La organización anticipó que presentará una Acción Declarativa de Certeza y una Acción de Amparo para intentar frenar la aplicación de la norma. También adelantó una denuncia penal por una eventual afectación a la seguridad de la navegación, contemplada en el artículo 190 del Código Penal.

Junto con la Cámara de Practicaje y la Asociación Civil de Prácticos, sostienen que los cambios pueden generar un deterioro tanto de las condiciones de seguridad como de las condiciones laborales en el sector.

La modalidad de la protesta también presenta una particularidad. Como los prácticos trabajan de manera independiente y no están agrupados bajo un mismo gremio con capacidad para convocar un paro tradicional, la medida se desarrolla de manera coordinada, pero sin una orden centralizada.

Los profesionales que ya tenían turnos asignados con anterioridad continúan cumpliendo esos compromisos con normalidad. Lo que quedó frenado son las nuevas contrataciones.

Prefectura comenzó a intimar a los prácticos

Ante la falta de profesionales disponibles, la Prefectura Naval Argentina comenzó este lunes a enviar notificaciones formales e individuales a los prácticos para que retomen sus tareas.

El organismo es el encargado de controlar el cumplimiento del servicio y fundamentó las intimaciones en la Ley de Navegación 20.094, que establece que el practicaje tiene carácter de servicio público.

Las comunicaciones advierten sobre posibles sanciones administrativas y penales en caso de incumplimiento.

El conflicto se hace sentir con mayor intensidad en los puertos del Gran Rosario, San Lorenzo, Timbúes y Puerto General San Martín, una zona central para las exportaciones agroindustriales argentinas.

En esas terminales algunos buques permanecen a la espera, fondeados, mientras se intenta destrabar la situación.

Qué establece el decreto para situaciones como esta

La propia normativa contempla un mecanismo para responder ante situaciones de falta de profesionales.

El decreto autoriza a la Prefectura y, en casos excepcionales, a la Armada a asumir directamente la prestación del servicio de practicaje.

Mientras el conflicto continúa, existe además una excepción para un sector estratégico de la economía argentina.

Los buques que transportan petróleo y gas quedan al margen de la medida y continúan operando con normalidad, con el objetivo de evitar que el conflicto afecte el abastecimiento interno de combustibles.

Así, el enfrentamiento por la reforma del practicaje ya genera consecuencias sobre la actividad portuaria y las exportaciones de granos, mientras el Gobierno busca avanzar con una desregulación que, según su visión, apunta a reducir costos y aumentar la competencia, y las entidades del sector advierten sobre posibles riesgos para la seguridad de la navegación.