Un error procesal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe permitió que Esteban Ramón Delgado, imputado por abusar sexualmente de sus dos hijas, recuperara la libertad el pasado 3 de julio. La prisión preventiva no fue revocada por falta de pruebas ni porque hubiera sido absuelto, sino porque la Fiscalía no solicitó en tiempo y forma la prórroga de la medida cautelar.
La defensa advirtió el vencimiento del plazo, pidió la excarcelación en una audiencia realizada en los tribunales provinciales de San Lorenzo y el juez Ariel Cattáneo resolvió otorgarle la libertad al no tener margen legal para rechazar el planteo, consignó el diario La Nación.
Tras la difusión pública del caso, la medida fue revertida y Delgado volvió a ser detenido, aunque la polémica por la actuación de la Fiscalía ya se había instalado.
El hombre está imputado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo contra sus dos hijas. Una de ellas era S., la joven de 20 años asesinada en octubre de 2024, cuyo cuerpo fue hallado atado de pies y manos dentro de una bolsa en un camino rural de Ricardone, a unos 25 kilómetros de Rosario. La otra víctima, L., tiene 15 años y se enteró de que su padre estaba nuevamente en la calle por el comentario de un vecino que lo vio caminando por el barrio.
El error que permitió la excarcelación
Cuando Delgado fue imputado, el 13 de diciembre de 2024, el juez había fijado una prisión preventiva que se extendía hasta diciembre de 2026. Sin embargo, el 25 de agosto de 2025 la Cámara de Apelaciones de Rosario redujo ese plazo y estableció su vencimiento para junio de 2026.
A partir de ese momento, la única forma de mantener detenido al acusado era solicitar una prórroga antes de que expirara la medida. Ese trámite nunca fue presentado.
El expediente por abuso sexual estuvo inicialmente a cargo del fiscal Maximiliano Nicosia Herrero, quien impulsó la imputación y logró la detención de Delgado. Fue él quien sostuvo que el acusado abusó de S. entre los 10 y los 13 años "un total de veces indeterminado" y de L. entre los 9 y los 13 años, según informó la periodista Anabela Tramontini en El Pregón.
No obstante, el 1 de junio de 2026, pocas semanas antes del vencimiento de la prisión preventiva, la causa fue reasignada al fiscal Javier Paz como parte de un proceso de reorganización interna del MPA.
De acuerdo con El Pregón, Nicosia argumentó que desde esa fecha el expediente ya no estaba bajo su responsabilidad. Sin embargo, esa explicación abrió un nuevo interrogante sobre cómo se produjo el traspaso de la causa.
La investigación interna
Según la querella, Javier Paz se comunicó con los hermanos de S. recién el 3 de julio a las 19, cuando Delgado ya había recuperado la libertad, para informarles que desconocía las razones de la excarcelación.
Para los representantes de la familia, el cambio de fiscal no explica por sí solo lo ocurrido. Consideran que Nicosia debía advertir sobre el inminente vencimiento de los plazos al entregar el expediente y que Paz, al asumir el caso, tenía la obligación de verificar cuándo caducaba la prisión preventiva.
Desde la Fiscalía Regional Segunda informaron que iniciaron un relevamiento interno sobre el trámite de la causa "en relación con la labor fiscal desarrollada", con el objetivo de determinar qué ocurrió y por qué no se pidió la prórroga en tiempo y forma.
Hasta el momento, el organismo no identificó oficialmente al responsable del error, aunque la investigación apunta al traspaso del expediente entre ambos fiscales.
La preocupación de la familia
Cuando recuperó la libertad, Delgado no tenía restricciones impuestas por el fuero penal. La única medida vigente era una prohibición de acercamiento de 500 metros dictada anteriormente por el Juzgado de Familia, entonces a cargo del juez Marcelo Escola.
Según la querella, el domicilio que constituyó al salir de prisión estaba ubicado a unos 300 metros de la vivienda donde residen sus hijos.
El abogado querellante Gabriel Filippini, que representa a los hermanos de S. junto con la doctora Laura Maderna, calificó lo sucedido como "un claro error judicial" que "podría ser involuntario", aunque sostuvo que las consecuencias no pueden recaer sobre las víctimas.
"Es inaceptable que haya quedado en libertad", afirmó.
Horas después de que el caso tomara estado público, la Fiscalía informó que Delgado fue nuevamente detenido.
A pedido del fiscal Javier Paz, el hombre de 51 años fue arrestado por el presunto delito de desobediencia a las reglas de conducta impuestas por el Juzgado de Familia de San Lorenzo. El procedimiento se realizó en la zona de bulevar Mitre al 400, en esa ciudad.
Una causa atravesada por demoras
La cronología del expediente agrava la controversia. S. y L. denunciaron los abusos en 2022, situación que motivó que ambas se alejaran de sus padres. Al momento del femicidio, S. vivía junto a sus hermanas y una sobrina en el barrio Díaz Vélez de San Lorenzo.
La investigación por abuso recién avanzó después del crimen de la joven y Delgado fue detenido en diciembre de 2024, dos años después de la denuncia y cuando S. ya había sido asesinada.
La familia y la querella ya habían cuestionado esa demora. Ahora sumaron una nueva crítica: el mismo sistema que tardó dos años en detener al acusado permitió que recuperara la libertad por no haber presentado un trámite dentro del plazo legal.
El femicidio
S. fue vista con vida por última vez el 30 de octubre de 2024, cuando salió de su casa, ubicada sobre calle Francia al 500, para comprar golosinas en un kiosco cercano.
Su cuerpo fue encontrado el 15 de noviembre en un zanjón de un camino de tierra, a menos de un kilómetro del Camino de la Cremería, en Ricardone, a unos 25 kilómetros de Rosario. Estaba dentro de un bolsón de materiales de construcción, envuelto en un aislante térmico, con las manos y los pies atados y en avanzado estado de descomposición.
El preinforme de la autopsia, realizado bajo el protocolo de femicidio en el Instituto Médico Legal de Rosario, determinó como causa probable de muerte una asfixia mecánica.
En la causa por el homicidio fueron imputadas cinco personas. El fiscal Carlos Ortigoza acusó a Alejandro José Bevilacqua y a Eduardo Andrés "Pata" Mordini como presuntos autores del femicidio. Según la hipótesis de la investigación, Bevilacqua pasó a buscar a S. en un Peugeot 308 gris oscuro, aprovechando la relación sentimental que mantenían, la trasladó hasta el taller de Mordini, ubicado sobre calle Corrientes al 100 de Puerto General San Martín, y allí ambos la atacaron.
La Fiscalía también imputó a Brian Ezequiel Baumann, empleado del taller, por haber participado en el traslado del cuerpo, mientras que Natalia Palavecino y Miranda Leguizamón, pareja de Bevilacqua, fueron acusadas de encubrimiento agravado.
El taller está ubicado en la zona conocida como San Sebastián, próxima a la ruta de la Cremería, un sector frecuentado por camioneros que transportan granos hacia los puertos agroexportadores. Según relevó La Nación en noviembre de 2024, vecinos del lugar señalaban que allí funcionaban actividades vinculadas con la prostitución y la venta de drogas. Desde el inicio de la investigación, el crimen también estuvo rodeado de sospechas sobre posibles maniobras relacionadas con la trata de personas en una zona que durante años fue considerada una de las principales "cajas negras" de la policía regional.