Diputados nacionales -principalmente, de Mendoza y de San Juan- presentaron un proyecto para modificar el artículo 26 de la Ley de Impuestos Internos con el fin de establecer beneficios fiscales para las bebidas analcohólicas elaboradas con jugos naturales y concentrados de frutas y vegetales. Según los fundamentos de la iniciativa, la propuesta busca incentivar una mejora en la calidad nutricional de estos productos y, al mismo tiempo, fortalecer las economías regionales ligadas a la producción vitivinícola.
Se arguye que el proyecto retoma una iniciativa anterior orientada al desarrollo de las economías regionales y amplía su alcance mediante un nuevo enfoque. “El presente proyecto propone ampliar los alcances de aquella iniciativa mediante el incentivo a la utilización de jugos concentrados de frutas, particularmente de uva, manzana y otras producciones frutícolas nacionales, como alternativa natural para la elaboración y edulcoración de bebidas”, dice el texto.
Los autores sostienen que la incorporación de estos ingredientes permitiría remplazar parcialmente otros endulzantes utilizados por la industria: “La incorporación de estos jugos concentrados permite sustituir o reducir el uso de endulzantes altamente procesados, favoreciendo la presencia de componentes de origen natural que aportan compuestos bioactivos, antioxidantes y otros nutrientes propios de las frutas”.
Y remarcan que el proyecto apunta tanto al mercado interno como a la promoción de la producción nacional: “La propuesta no sólo contribuye a fortalecer el mercado interno para los jugos concentrados producidos en el país, generando nuevas oportunidades para las economías regionales, sino que también promueve la incorporación de ingredientes naturales y con mayor valor nutricional en las bebidas analcohólicas, favoreciendo así una oferta alimentaria de mejor calidad para los consumidores”.
El proyecto plantea un esquema tributario diferencial. Como regla general, las bebidas analcohólicas, aguas minerales o saborizadas, jarabes, extractos y concentrados continuarían alcanzados por un impuesto interno de un 15%. Sin embargo, la carga se reduciría a un 3% para las bebidas que incorporen al menos un 10% de jugos o zumos de frutas o su equivalente en jugos concentrados, porcentaje que baja a un 5% cuando se trate de limón. También prevé la exención del impuesto para determinados productos destinados a la preparación de bebidas que contengan una mayor proporción de jugos naturales. “De esta manera, se genera un incentivo económico claro para que la industria de bebidas incorpore una mayor proporción de jugos naturales en sus formulaciones, favoreciendo la utilización de materias primas provenientes de la producción frutícola nacional”, dice el proyecto.
La iniciativa también mantiene un tratamiento diferencial para las bebidas energizantes, que continuarían tributando una alícuota de un 30%, y contempla distintas exenciones para productos como los jugos puros de frutas y vegetales, sus concentrados y determinadas bebidas elaboradas a base de leche o hierbas.
Respecto del fundamento sanitario de la propuesta, los autores sostienen: “Resulta cada vez más relevante impulsar políticas públicas que promuevan una alimentación más saludable, favoreciendo la incorporación de ingredientes de origen natural y con valor nutricional reconocido”. Y afirman que el Estado puede desempeñar un rol relevante en la orientación de los sistemas alimentarios, generando incentivos que favorezcan la incorporación de ingredientes naturales y con mayor valor nutricional en los productos elaborados por la industria.
Finalmente, los impulsores del proyecto destacan el impacto que la medida tendría sobre las economías regionales. “El proyecto articula tres dimensiones centrales de política pública: la promoción de hábitos de consumo más saludables, el fortalecimiento de las economías regionales y el desarrollo de cadenas de valor agroindustriales basadas en materias primas nacionales”.
En el final, expusieron: “Este proyecto propone utilizar la política tributaria como una herramienta para mejorar la calidad de la alimentación de los argentinos, al tiempo que impulsa el desarrollo productivo, promueve el agregado de valor en origen y fortalece las economías regionales”.