En un nuevo fallo adverso para la estrategia judicial del Poder Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia ratificó a los magistrados que intervienen en el reclamo por los fondos universitarios. El máximo tribunal desestimó el planteo del Gobierno de Javier Milei, que pretendía recusar a los jueces por el solo hecho de ejercer la docencia en universidades públicas.
El eje del conflicto
La causa se originó por un amparo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra el decreto 759/2025. Mediante esta norma, el Ejecutivo supeditó la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario a la existencia de partidas presupuestarias específicas, lo que en la práctica congeló los recursos para salarios y funcionamiento.
El argumento del Gobierno y la respuesta de la Corte
Para frenar el avance del amparo, el Estado intentó apartar al juez de primera instancia, Diego Martín Cormick, y a magistrados de la Cámara Federal, al alegar un conflicto de intereses por su actividad docente. Incluso, el Ejecutivo sugirió que los propios ministros de la Corte debían excusarse por razones académicas similares.
Sin embargo, los jueces de la Corte fueron tajantes: "la actividad docente en una universidad pública no implica un interés personal, directo y relevante en el resultado del litigio". En su resolución, el tribunal recordó que la recusación es una medida excepcional y que forzar el apartamiento de un juez sin fundamentos sólidos vulnera el principio constitucional del juez natural.
Con esta decisión, el expediente seguirá su curso bajo la órbita de los jueces originales, quienes deberán definir la validez del decreto que frena los fondos para la educación superior.