El pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al primer semestre de 2026 volvió a generar consultas entre trabajadores del sector público y privado sobre los plazos legales y las alternativas disponibles ante eventuales demoras en la acreditación.

La normativa argentina establece que el aguinaldo debe pagarse hasta el 30 de junio. Sin embargo, la legislación contempla un plazo de gracia de hasta cuatro días hábiles posteriores, por lo que algunas empresas pueden concretar el depósito durante los primeros días de julio sin quedar automáticamente en infracción.

Esta situación suele generar dudas entre los empleados acerca de cuándo corresponde iniciar un reclamo formal y cuáles son las herramientas legales disponibles para exigir el pago.

El aguinaldo representa un ingreso adicional clave para millones de trabajadores registrados. Por ese motivo, quienes no perciban el SAC en tiempo y forma cuentan con mecanismos administrativos y judiciales para reclamarlo.

La primera recomendación de especialistas es agotar las instancias informales antes de avanzar con medidas legales. En ese sentido, sugieren consultar inicialmente con el área de Recursos Humanos o administración de la empresa, ya que muchas demoras pueden responder a problemas bancarios o cuestiones administrativas que se resuelven en pocos días.

Para jubilados y pensionados de Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el esquema de pago es diferente. El aguinaldo se acredita junto con los haberes mensuales, entre el 8 y el 29 de junio, de acuerdo con el calendario oficial del organismo.

Si el depósito no aparece una vez vencido el plazo de gracia posterior al 30 de junio, el trabajador puede considerar que el empleador se encuentra en mora. En ese escenario, la siguiente medida recomendada consiste en enviar un telegrama laboral o una carta documento intimando al pago de la suma adeudada.

El telegrama laboral es gratuito y puede tramitarse a través de Correo Argentino. Los especialistas aconsejan redactarlo con el asesoramiento de un abogado laboralista o del sindicato correspondiente para evitar errores formales que puedan afectar el reclamo.

Además, remarcan la importancia de conservar toda la documentación vinculada al proceso, como comprobantes, constancias y comunicaciones realizadas con la empresa. Ese material puede resultar determinante si el conflicto escala a instancias administrativas o judiciales.

El procedimiento formal de reclamo suele seguir una secuencia definida: primero la consulta interna, luego la intimación formal y, si persiste el incumplimiento, la denuncia ante la Secretaría o el Ministerio de Trabajo.

En caso de que el empleador no regularice el pago tras la intimación, el trabajador puede presentar una denuncia ante la autoridad laboral. Estos organismos tienen la facultad de convocar audiencias de conciliación, ordenar inspecciones y aplicar sanciones o multas si se comprueba el incumplimiento del pago del SAC dentro de los plazos legales.

El objetivo del reclamo administrativo es intentar resolver el conflicto antes de llegar a la Justicia. Sin embargo, si las gestiones ante el Ministerio de Trabajo no prosperan, el trabajador puede iniciar una demanda judicial mediante un abogado laboralista.

En ese contexto, la Justicia puede ordenar el pago del aguinaldo adeudado, aplicar intereses por mora e incluso establecer compensaciones económicas adicionales. La falta de pago del SAC también puede ser considerada una falta grave del empleador y habilitar un reclamo por despido indirecto.

Especialistas destacan que el telegrama laboral constituye una herramienta central para la defensa de los derechos del trabajador, ya que permite dejar constancia formal y fehaciente del reclamo, con validez ante autoridades administrativas y judiciales.

El aguinaldo debe pagarse, por ley, durante junio o en los primeros días de julio. Aunque la normativa contempla demoras excepcionales, también establece mecanismos concretos para exigir el cumplimiento. El cobro del SAC es un derecho adquirido de los trabajadores registrados y cuenta con respaldo legal para garantizar su percepción.