El Ministerio Público Fiscal está cerca de enjuiciar a los adolescentes de 16 y 17 años que están imputados por el crimen de Joaquín Rodrigo Ibarra, el joven de 21 años que fue asesinado de un disparo en la cabeza en Alderetes.

El brutal episodio ocurrió en la madrugada del 12 de enero. Ibarra había ido a la casa de un amigo, ubicada en el barrio Julio Abraham, en Alderetes. Mientras aguardaba para ingresar a la vivienda, dos adolescentes que circulaban en una motocicleta negra de cilindrada 110 lo abordaron para robar sus pertenencias.

Uno de los atacantes bajó del rodado y se acercó con un arma de fuego. El joven, al advertir que estaban por asaltarlo, arrojó su celular por encima de una reja y se quedó con una bolsa con ropa que llevaba en la mano. El ladrón le quitó la bolsa y se la entregó al cómplice que lo esperaba en la moto. Después se acercó nuevamente a Ibarra, lo golpeó en la cabeza, le efectuó un disparo, se subió a la vehículo y ambos huyeron.

La víctima cayó inconsciente al suelo y fue auxiliada por vecinos y allegados. Rápidamente lo subieron a un vehículo particular y lo trasladaron hacia el hospital Padilla. Allí fue internado de urgencia, pero falleció por la gravedad de las heridas.

Esa misma madrugada los efectivos de la comisaría de Alderetes, junto al personal de la División de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos, localizaron a los responsables tras analizar los videos de las cámaras de seguridad de la zona.

A un mes del crimen de Joaquín Ibarra, familiares y amigos marcharon para exigir Justicia

Horas después de ser aprehendidos, ambos fueron imputados como coautores del delito de homicidio agravado criminis causa. Durante la audiencia de formulación de cargos, el auxiliar Miguel Fernández, siguiendo las instrucciones de la fiscal de Homicidios de Feria María del Carmen Reuter, solicitó que se les dictara la prisión preventiva por cuatro meses, pedido que fue avalado por el juez interviniente.

Los adolescentes fueron alojados en el Instituto Roca, pero tras el decreto firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo, fueron trasladados al “Instituto de Menores Cura Brochero”, que funciona en el Centro Penitenciario de Benjamín Paz.

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas

El lunes 11 de mayo, se realizó una nueva audiencia en la cual el MPF solicitó que se prorrogara la medida de disposición provisoria que vienen cumpliendo los imputados por 60 días. Según argumentaron los representantes de la Fiscalía de Homicidios I que dirige Pedro Gallo, están a la espera del informe de la pericia UFED que se practicó en los celulares de los acusados para determinar si hubo alguna comunicación luego del crimen, que sea relevante para el legajo. Además informaron que el arma homicida y la moto en la que se trasladaban los adolescentes aún no fueron encontradas. Las defensoras, Delfina Romano y Valeria Lezcano, no se opusieron a la prórroga de la preventiva, pero requirieron que sea cumplida bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Elevación a juicio

Luego de analizar los planteos de las partes, el juez Federico Moeykens rechazó el pedido de las defensoras al considerar que los acusados podrían entorpecer la investigación si regresaban a sus domicilios. En cambio, resolvió prorrogar la medida cautelar, pero por 30 días. Antes de finalizar la audiencia, exhortó al MPF a finalizar la investigación penal preparatoria y a preparar la pieza acusatoria para realizar el requerimiento de elevación a juicio en los próximos meses.

“Los familiares de Joaquín quieren que el juicio se realice cuanto antes para poder determinar que ellos son los responsables del crimen y para que se les imponga una condena”, manifestó el abogado Juan Pablo Bello, representante legal de la familia de la víctima.

Según explicó el profesional, al tratarse de imputados menores de edad, el juicio al que se enfrentarán estará dividido en dos partes. “El primer paso es establecer su responsabilidad penal, es decir cuál es la calificación legal con la que serían condenados. Una vez que esto se determine se realizará otro debate donde las partes van a fundamentar la pena que consideran correspondiente”, dijo.

“Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que ellos ahora están imputados por homicidio agravado, un delito que contempla la prisión perpetua, aunque en Argentina no se permite aplicar esta pena a menores. La realidad es que no hay muchos casos similares en los que adolescentes hayan sido condenados por homicidio agravado, pero nosotros insistiremos en que se aplique la máxima pena posible dentro del marco legal”, indicó el abogado.