El próximo 17 de mayo, el calendario global señala el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, también conocido como Día de Internet. Para los centros de poder global, la fecha invita a debatir sobre la expansión de la inteligencia artificial y la computación cuántica. Para Tucumán, sin embargo, la efeméride debe operar como un crudo recordatorio de nuestras carencias estructurales. En el Noroeste Argentino, la conectividad no es una autopista de progreso, sino un sendero lleno de baches que profundiza la desigualdad.

Según los últimos informes del Indec, la penetración de internet fija en los hogares tucumanos apenas supera el 60%, situándose por debajo de la media nacional y a una distancia abismal de los centros urbanos de  Ciudad o provincia de Buenos Aires o la región pampeana. Más grave aún es la calidad de esa conexión: mientras el mundo discute velocidades de gigabits, en el interior de nuestra provincia la velocidad promedio de bajada es frecuentemente insuficiente para sostener procesos educativos o comerciales básicos.

Esta realidad no es solo un inconveniente técnico; es una falla política y social. En el siglo XXI, el aislamiento digital equivale al analfabetismo del siglo XIX. Un joven de algunos sectores del valle o de localidades del interior profundo que carece de una conexión estable queda, de facto, excluido del sistema universitario y del mercado laboral moderno. La “Línea de Vida Digital” que pregona la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para este 2026 es, en nuestra geografía, un cable al borde de la ruptura.

La falta de inversiones sostenidas y la ausencia de un marco regulatorio que incentive la competencia real han convertido a la conectividad en un bien de lujo. En Tucumán, el costo de un servicio de banda ancha de calidad media representa una proporción del salario mínimo significativamente mayor que en las capitales globales.

La conectividad debe ser elevada al rango de servicio público esencial con la misma jerarquía que el agua potable o la seguridad. No existe plan de desarrollo posible si la matriz productiva sigue atada a la presencialidad burocrática y a la limitación física. La economía del conocimiento, tantas veces citada en discursos oficiales, requiere más que exenciones impositivas; requiere fibra óptica soterrada y nodos de conexión robustos en cada comuna.

El mensaje debe ser claro para el Estado y el sector privado: el tiempo de la conectividad como “beneficio” ha terminado. O se garantiza el acceso universal y de calidad como un derecho ciudadano, o seguiremos asistiendo a una sociedad fragmentada, donde el progreso es un privilegio de pocos y el aislamiento, la condena de muchos. La verdadera brecha social en estos tiempos que corren es la que impone la posibilidad de contar o no con tecnología digital.