Quisiera expresar, con preocupación y responsabilidad ciudadana, la profunda contradicción que hoy atraviesa el sistema de transporte público de pasajeros en Tucumán y el silencio institucional frente a una propuesta concreta que he presentado formalmente ante la Intendencia, el Concejo Deliberante y la Dirección de Transporte. Mientras el debate público se concentra en subsidios, emergencias prorrogadas, conflictos empresarios y causas judiciales, nadie responde a una alternativa estructural que ataca el problema de raíz: la creación de una empresa municipal de transporte público de pasajeros gratuito, financiada con los mismos fondos públicos que hoy sostienen a un sistema privado que reconoce, en los hechos, que no puede sostenerse con el boleto. Las declaraciones públicas de las máximas autoridades confirman el diagnóstico: el gobernador Osvaldo Jaldo ha manifestado reiteradamente que el transporte es un servicio esencial que el Estado no puede permitir que colapse. La intendenta Rossana Chahla ha expresado que no puede destinar recursos municipales sin conocer con claridad la eficiencia y el destino de los subsidios. El presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, junto a concejales, ha participado de actas y acuerdos para “sostener” el sistema ante cada crisis. El secretario de Movilidad, Carlos Arnedo, y la Dirección General de Transporte de Tucumán tienen a su cargo el control y la regulación del servicio. Sin embargo, en paralelo, la realidad muestra: emergencia del transporte prorrogada hasta 2028; millonarios aportes provinciales y municipales para sostener empresas privadas; reducción de frecuencias y deterioro del servicio. Y ahora, una grave denuncia judicial del empresario Sergio Gomez Sansone contra las máximas autoridades de Aetat por presuntas irregularidades en el manejo de fondos. Es decir: el sistema que recibe fondos públicos está bajo investigación judicial, mientras el Estado declara que el transporte es esencial y, al mismo tiempo, continúa financiando un esquema que reconoce su propia inviabilidad. Frente a este escenario, presenté una propuesta técnica, financiera y operativa para crear una empresa estatal municipal con gratuidad del boleto, utilizando los subsidios actuales para comprar unidades mediante un fideicomiso municipal y operar el servicio sin intermediación empresaria privada. La propuesta fue ingresada formalmente. Pero no fue respondida. No fue debatida. No fue refutada. No fue considerada. El silencio, en este contexto, es tan grave como la crisis. Porque hoy está demostrado que: el boleto no sostiene el sistema; los subsidios sí lo sostienen; el Estado ya paga el costo real del transporte. Y aun así, el servicio es deficiente y el esquema está cuestionado judicialmente. Entonces, la pregunta que merece respuesta pública es simple: ¿Por qué el Estado sigue financiando un sistema privado en crisis, investigado judicialmente, cuando podría administrar directamente el servicio con gratuidad para los usuarios y transparencia en el uso de los fondos? Esta carta no busca confrontar, sino exigir un debate que hasta ahora nadie quiere dar. La sociedad tucumana merece saber por qué se insiste en sostener un modelo agotad ignora una alternativa concreta, viable y alineada con el propio discurso de las autoridades mientras se ignora una alternativa concreta, viable y alineada con el propio discurso de las autoridades.
Rodolfo Raúl Luna
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