Soy usuario cotidiano del transporte urbano de pasajeros de San Miguel de Tucumán y escribo para plantear un tema que no es un reclamo menor ni una opinión personal: es el ejercicio de un derecho constitucional. La Constitución Nacional Argentina establece que los usuarios tenemos derecho a seguridad y a información veraz y adecuada. Es decir: no solo a viajar seguros, sino también a saber si efectivamente lo estamos haciendo. Desde octubre del año pasado vengo solicitando formalmente esta información ante distintos organismos del Estado, sin haber obtenido hasta la fecha una respuesta concreta ni acceso a la documentación requerida. No se trata de un reclamo reciente, sino de un pedido sostenido en el tiempo que, hasta hoy, no ha sido atendido. Según se informó, la Municipalidad solicitó a las empresas una Revisión Técnica Integral detallada de las unidades que prestan servicio. Esa revisión existe para comprobar el estado real de los colectivos: frenos, dirección, neumáticos, chasis, carrocería, antigüedad y condiciones generales de seguridad. La pregunta es simple y directa: ¿Por qué esa información no es pública? El Código Civil y Comercial de la Nación Argentina ordena que toda situación debe interpretarse conforme a la Constitución (arts. 1, 2 y 3). Y el mismo Código, en su art. 1.757, considera que transportar personas es una actividad riesgosa, lo que genera para las empresas una responsabilidad objetiva y un deber de seguridad reforzado hacia el usuario. Ese deber no se declama: se demuestra. Y la única forma de demostrarlo es exhibiendo los informes técnicos que acrediten el estado de las unidades que nos transportan todos los días. Por eso, esta carta no pide un favor. Exige algo básico en cualquier república: transparencia cuando está en juego la seguridad de miles de ciudadanos. Si existe una Revisión Técnica Integral solicitada por la Municipalidad, esa documentación no pertenece ni a las empresas ni al Municipio. Pertenece a los usuarios, porque prueba si estamos viajando en condiciones seguras, como la Constitución garantiza. Ocultar esa información no es un trámite demorado. Es impedir que los ciudadanos sepamos si se cumple el deber de seguridad que la ley impone. Como usuario, solo pido conocer lo que por derecho me corresponde saber: Si los vehículos que me transportan a mí y a mi familia están técnicamente en condiciones de hacerlo.
Rodolfo Raúl Luna
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