La decisión de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán de secuestrar vehículos a quienes arrojan basura en lugares no habilitados marca un punto de inflexión. Durante años, el enfoque estuvo puesto en la concientización. Hoy, ante la persistencia del problema, se avanza hacia un esquema más duro, con multas y sanciones concretas. La pregunta es inevitable: ¿alcanza con castigar o el problema es más profundo?

La evidencia sugiere que lo segundo. Tucumán no es una ciudad que carezca de políticas ambientales. Se han erradicado basurales, ampliado la flota de recolección, instalado puntos verdes, y desarrollado programas educativos. Sin embargo, el comportamiento cotidiano de muchos vecinos sigue atentando contra cualquier esfuerzo. Los microbasurales reaparecen una y otra vez en los mismos lugares, incluso después de ser saneados decenas de veces. No es falta de intervención: es reiteración de conductas.

¿Por qué ocurre? Hay una explicación incómoda pero necesaria: una parte de la sociedad naturalizó la basura como paisaje. Tirar un papel al piso, dejar una bolsa fuera de horario o descargar residuos en un baldío no se percibe como una falta grave, sino como un gesto menor, casi automático. En muchos casos, aparece además una lógica de resignación: “si ya está sucio, qué cambia uno más”. Ese razonamiento, multiplicado por miles, es el que termina construyendo la ciudad que vemos.

También hay factores estructurales que influyen. La falta de cestos en algunas zonas, el vandalismo sobre el mobiliario urbano y las deficiencias en la frecuencia de recolección generan condiciones que favorecen el desorden. Pero sería simplista reducir el problema a la infraestructura. Hay ciudades con menos recursos y mayor limpieza. La diferencia no siempre está en lo que hace el Estado, sino en lo que hacen, o dejan de hacer, sus habitantes.

En este contexto, las medidas del municipio parecen justificadas. La sanción cumple un rol que la concientización no logró consolidar: establecer un límite claro. Multar, secuestrar vehículos y judicializar infracciones no es un exceso, sino una herramienta para modificar conductas arraigadas. En sociedades en las que ciertas prácticas están naturalizadas, la norma necesita ser visible y efectiva. De lo contrario, queda en el plano de la recomendación.

Sin embargo, hay un riesgo. Apostar exclusivamente al castigo puede generar rechazo si no se acompaña de coherencia y equidad. Las sanciones deben aplicarse de manera sostenida, sin selectividad, y complementarse con políticas que faciliten el cumplimiento: más puntos de disposición, mejor señalización, campañas claras y presencia en el territorio. No se trata de elegir entre educar o multar, sino de combinar ambas estrategias

El problema de la basura, en definitiva, es un espejo social. Refleja hábitos, valores y formas de convivencia. No se resuelve sólo con camiones ni con cámaras, sino con una transformación cultural que lleva tiempo. Pero ese proceso necesita señales. Y en ese sentido, el mensaje actual es claro: ensuciar tiene consecuencias.

La ciudad más limpia no es la que más limpia, sino la que menos se ensucia. Tucumán todavía está lejos de ese ideal. Pero reconocer que el problema también está en nosotros es, quizás, el primer paso para empezar a cambiarlo.