La cooperativa láctea Sancor, concursada desde febrero de 2025, solicitó su propia quiebra ante la Justicia en una presentación realizada ayer por la tarde. El trámite fue ingresado ante el juez Marcelo Gelcich, en Rafaela, quien interviene en el caso. Hasta el momento, la empresa no emitió una comunicación oficial ni respondió consultas periodísticas.

Según consignó el diario "La Nación", la firma argumentó que el concurso preventivo dejó de ser una herramienta viable para superar su crisis. En ese marco, señaló que no logró recomponer su operación ni generar ingresos suficientes, enfrentó fuertes restricciones para acceder al crédito y careció de capital de trabajo. 

Además, sostuvo una estructura de costos difícil de sostener, acumuló nuevas deudas -incluidas obligaciones salariales, fiscales y comerciales- y quedó expuesta a la presión de acreedores, sin posibilidad de presentar una propuesta de pago cumplible.

De acuerdo con datos judiciales, la cooperativa registra deudas verificadas con 1.519 acreedores sobre un total de 2.702 denunciados, por un monto cercano a los U$S120 millones, compuesto por unos U$S90 millones y más de $40.000 millones.

Desde 2017, la empresa atravesó un proceso de deterioro que incluyó una fuerte caída en su producción y en su participación de mercado. Pasó de procesar alrededor de 4 millones de litros diarios de leche a menos de 500.000, se desprendió de marcas emblemáticas de postres y yogures y redujo en media docena sus plantas de elaboración. A esto se sumó un conflicto de ocho meses con trabajadores nucleados en Atilra que profundizó la crisis.

En los últimos meses, según fuentes del sector, empresas interesadas en operar plantas bajo la modalidad a fasón encontraron resistencia gremial. Actualmente, la láctea cuenta con unos 850 empleados.

La situación de la firma también tuvo episodios vinculados a decisiones políticas en el pasado. En 2006, cuando estaba avanzada una asociación con Adecoagro, el entonces presidente Néstor Kirchner intervino para frenar la operación y, en su lugar, se concretó un crédito de Venezuela por U$S80 millones, que luego fue cancelado con exportaciones de leche en polvo. Años más tarde, la empresa vendió plantas y marcas, entre ellas Las Tres Niñas, a Adecoagro.

En diciembre pasado, el juez Gelcich, tras observaciones de la Sindicatura sobre la gestión, designó a la contadora Lucila Inés Prono como coadministradora con amplias facultades.

La novedad del pedido de quiebra fue confirmada por Atilra mediante un comunicado firmado por su secretario general, Héctor Ponce, quien señaló que la decisión se produce en un contexto de “probado estado de cesación de pagos, impotencia e insolvencia patrimonial general y definitiva”.

Trascendió además que la cooperativa convocaría a una asamblea para que los tamberos socios ratifiquen lo actuado ante la Justicia.

En el gremio afirmaron que la empresa se sostuvo en los últimos meses con recursos vinculados a los trabajadores, a quienes se les adeudan ocho meses de salarios y aguinaldos, además de aportes no realizados. Indicaron también que la eventual quiebra afectaría a más de 850 puestos laborales.

En ese marco, Atilra sostuvo que el proceso podría abrir una nueva etapa para la marca, mientras que fuentes gremiales señalaron que existen empresas interesadas en adquirir la firma, a la espera de una eventual declaración judicial de quiebra. También indicaron que hay cerca de 400 pedidos de quiebra impulsados por trabajadores y otros acreedores por deudas impagas.