El Gobierno nacional ultima detalles del proyecto para modificar la Ley de Salud Mental, que podría ingresar al Congreso la próxima semana. La iniciativa, trabajada en el Ministerio de Salud, retoma en parte propuestas que habían sido discutidas, y luego descartadas, durante el debate de la Ley Bases.
Según las primeras definiciones, el Ejecutivo no avanzará con una derogación de la norma vigente, sino con cambios en artículos clave. Entre los puntos en análisis figuran los criterios de internación (incluida la voluntaria), el funcionamiento de los dispositivos de atención y el financiamiento de los servicios de salud mental y rehabilitación.
También se evalúan modificaciones en torno al cierre o reconversión de hospitales especializados, un aspecto que históricamente generó tensiones por el pasaje hacia un modelo centrado en hospitales generales y atención comunitaria.
Otro eje del proyecto es la reformulación del órgano de revisión. La propuesta apunta a consolidar un equipo interdisciplinario con mayor presencia de profesionales de la salud, en lugar del predominio de perfiles jurídicos que había sido cuestionado en versiones anteriores.
En ese esquema, se prevé ampliar la participación del Ministerio de Salud, la Dirección Nacional de Salud Mental y la Sedronar, con el objetivo de reforzar la supervisión del sistema.
Desigualdades y acceso, en el centro del debate
La discusión se da en un escenario marcado por fuertes asimetrías entre provincias. Si bien la mayoría adhirió a la ley nacional, persisten dificultades para garantizar acceso a servicios, especialmente en el interior del país y en situaciones de emergencia.
La disponibilidad de camas de internación, la cobertura en hospitales generales y la articulación de dispositivos comunitarios siguen siendo puntos críticos, según coinciden distintos actores del sistema sanitario.
El caso Tucumán: una ley reciente y un modelo en construcción
En Tucumán, el debate adquiere un matiz particular. La provincia adhirió a la normativa nacional y, en octubre de 2025, sancionó la Ley 9.923, que establece un nuevo marco integral para la salud mental con enfoque en derechos humanos, inclusión y atención comunitaria.
La legislación provincial promueve el abandono del modelo manicomial, impulsa el acompañamiento en territorio y fija la prevención del suicidio como un eje transversal de las políticas públicas. Además, contempla la elaboración de un plan provincial de salud mental.
Las posibles modificaciones a nivel nacional generan interrogantes sobre su compatibilidad con el esquema adoptado en la provincia y sobre eventuales cambios en la implementación local.
Hasta el momento, no hubo pronunciamientos oficiales en Tucumán respecto del proyecto que impulsa la Nación.
Cruces políticos
El anuncio ya generó reacciones. El diputado nacional Pablo Yedlin, ex ministro de Salud de Tucumán, cuestionó la iniciativa y advirtió que “el problema de la salud mental y las adicciones es grave”, pero consideró que un cambio de ley no resolverá por sí solo la situación.
El legislador también puso el foco en la necesidad de mayor inversión y en el cumplimiento de lo establecido por la normativa vigente. “Modificar criterios de internación compulsiva o volver a modelos manicomiales no va a cambiar la realidad”, sostuvo.