La conmoción por las tres muertes ocurridas durante el último temporal en Tucumán sigue generando repercusiones. Uno de los casos que más impactó fue el de Lisandro Vega, el niño de 12 años que falleció tras recibir una descarga eléctrica en la vía pública durante la tormenta. Desde la fundación Relevando Peligros advirtieron a LA GACETA que este tipo de hechos no deben considerarse accidentes, sino situaciones prevenibles.
Sandra Mayer, fundadora de la organización, habló sobre el caso y trazó un fuerte paralelismo con su propia historia. En 2009, su hijo Juan murió electrocutado en Córdoba en circunstancias similares. “Nosotros no hablamos de accidentes, sino de siniestros. Porque en las normativas con las que convivimos, estas cosas no tienen por qué suceder”, afirmó.
El hecho ocurrió luego de intensas lluvias, en un escenario donde, según se investiga, podría haber existido una falla en el alumbrado público. Para Mayer, ese contexto no es menor. “Cuando hay instalaciones eléctricas adecuadas a normativa, estas situaciones no pasan. Algo estuvo mal hecho para que ocurra”.
La referente explicó que la combinación de humedad, infraestructura deficiente y falta de mantenimiento puede generar escenarios de alto riesgo. “La electricidad, si no se trabaja de manera preventiva, la encontrás en cualquier lado”, advirtió.
A partir de la tragedia personal que vivió, Mayer impulsó la creación de la fundación Relevando Peligros en 2010, una organización que trabaja en todo el país identificando riesgos eléctricos en la vía pública y promoviendo la participación ciudadana. “La prevención nos tiene que resonar a todos. La vía pública es responsabilidad de todos, no solo del Estado o de los privados”, sostuvo.
En esa línea, destacó la importancia de la denuncia y del compromiso social: “El ciudadano común quizás no tiene el ojo para detectar estos riesgos, pero los profesionales sí. Necesitamos una red donde todos participen para evitar nuevas tragedias”.
La fundación también impulsó una ley de seguridad eléctrica en Córdoba, considerada inédita en el país, que contempla tanto instalaciones privadas como espacios públicos. Además, trabaja con organismos judiciales, educativos y empresas distribuidoras para mejorar los protocolos de actuación.
Sobre el caso de Tucumán, Mayer fue prudente respecto a las responsabilidades puntuales, que están bajo investigación judicial, pero insistió en el enfoque preventivo: “No se trata de señalar con el dedo, sino de entender que esto se puede evitar. Los adultos somos responsables de cuidar a los niños”.
Finalmente, convocó a la comunidad a informarse y tomar conciencia. “Invitamos a todos a involucrarse, a conocer los riesgos y a actuar. Estas muertes no pueden ser en vano”.