San Miguel de Tucumán tiene ante sí una oportunidad que no admite dilaciones. La reforma del Código de Planeamiento Urbano (CPU), actualmente en discusión en el Concejo Deliberante, ofrece la posibilidad concreta de redefinir el rumbo de la ciudad para las próximas décadas. En ese proceso, las más de 30 recomendaciones elaboradas por el Consejo Económico y Social (CES) constituyen un insumo técnico y político de valor que exige ser abordado con celeridad, pero también con profundidad.
Entre las propuestas del CES aparece con fuerza la necesidad de reequilibrar el desarrollo urbano. Ampliar el área central hacia el oeste, reconvirtiendo zonas industriales o comerciales subutilizadas en espacios residenciales y de servicios, aliviaría la presión sobre el microcentro y permitiría generar nuevas centralidades. Esta lógica, complementada con incentivos fiscales y subsidios para proyectos de vivienda, apunta a una ciudad más equitativa.
La mirada metropolitana es otro de los ejes que no pueden soslayarse. Pensar a San Miguel de Tucumán en articulación con Yerba Buena, Tafí Viejo y otras localidades implica asumir que los problemas de movilidad, conectividad y planificación exceden los límites administrativos. En ese sentido, la creación de corredores intermunicipales y la promoción de sistemas de transporte intermodal -con centros de transferencia y una integración real de la bicicleta- son pasos imprescindibles hacia un tránsito más eficiente y menos contaminante.
Pero si hay un punto donde la urgencia se vuelve evidente es en la gestión del agua. La dispersión de competencias entre distintos organismos ha demostrado ser ineficiente. La propuesta de unificar la gestión, e incluso avanzar hacia la municipalización del servicio, abre un debate complejo, pero necesario. El CPU no puede eludir esta discusión si pretende ser una herramienta transformadora.
La sustentabilidad, tantas veces declamada, encuentra en el documento del CES algunas traducciones concretas. La revalorización del río Salí como espacio público accesible, la creación de infraestructura verde y la promoción de espacios de esparcimiento mejoran la calidad ambiental e impactan directamente en la salud y el bienestar de los ciudadanos. Integrar el cerro con el río, en una visión territorial más amplia, supone además recuperar vínculos históricos y culturales con el entorno natural.
No menos relevante es el abordaje del espacio aéreo. La situación de cientos de familias que viven bajo tendidos de alta tensión revela una deuda estructural que no puede seguir postergándose. En paralelo, la regulación de la cartelería para reducir la contaminación visual y proteger el patrimonio urbano apunta a consolidar una identidad que hoy aparece diluida.
San Miguel de Tucumán no parte de cero, pero tampoco puede seguir avanzando con parches. Hacen falta decisiones firmes, una visión de largo plazo y, sobre todo, la convicción de que contar con una ciudad ordenada, inclusiva y sustentable es una necesidad urgente.