En un intento por retomar la iniciativa política y fortalecer su agenda de reformas, el Gobierno de Javier Milei dispuso un adelanto de hasta $400.000 millones en fondos de coparticipación para 12 provincias y, en paralelo, reactivó el contacto con gobernadores para dinamizar el Congreso.

La decisión fue oficializada mediante un decreto que será publicado el lunes en el Boletín Oficial y forma parte de una estrategia más amplia de la Casa Rosada para recuperar protagonismo en la agenda pública y aprovechar la predisposición de aliados parlamentarios, según publicó Infobae.

En el oficialismo consideran clave activar el Congreso en el corto plazo. Para la semana próxima, los diputados libertarios proyectan sesionar el miércoles 8 con un temario que incluye la modificación de la Ley de Glaciares y el denominado proyecto Hojarasca. La reforma vinculada a los glaciares genera fuerte controversia y rechazo en sectores de la oposición: más de 100.000 personas se inscribieron para exponer en la audiencia previa en comisiones. Aun así, en el oficialismo confían en alcanzar los votos necesarios para su aprobación.

La iniciativa cuenta con el respaldo de provincias mineras, ya que habilitaría la explotación de distintos minerales en zonas actualmente consideradas periglaciares. “Con el apoyo de esos gobernadores, otros aliados de las provincias y los bloques afines sentimos que vamos a tener los votos para poder aprobarla”, señalaron desde la Cámara de Diputados.

El vínculo con los mandatarios provinciales es considerado determinante para sostener la agenda reformista. “Creemos que tenemos hasta agosto para poder continuar con la dinámica que tuvimos desde las sesiones extraordinarias”, sostienen en el entorno oficial. Durante marzo, sin embargo, la actividad legislativa fue prácticamente nula, pese a que Milei proyecta que 2026 sea el año más reformista de su gestión.

En ese marco, el Ejecutivo adoptó una postura más flexible y habilitó adelantos de coparticipación para provincias alineadas o en diálogo frecuente con el Gobierno, entre ellas Tucumán. También figuran Chaco, Mendoza, Salta, Catamarca y Misiones, además de distritos con posiciones más críticas como La Rioja y Tierra del Fuego, además de Chubut, Corrientes, Río Negro y Santa Cruz.

Las negociaciones políticas detrás de estos acuerdos son atribuidas al ministro del Interior, Diego Santilli, y al titular de Economía, Luis Caputo. “Fue una buena jugada la del adelanto financiero a las provincias. Le sirve al Gobierno para ordenar la relación fiscal y financiera con los gobernadores que todos los meses les piden adelanto de copa. Fija un límite, lo cual es bueno. La mala es que las provincias están para atrás. No hay ninguna provincia que esté bien”, evaluó una fuente vinculada a esas gestiones.

La medida se enmarca en un contexto de deterioro de los recursos provinciales. En marzo, la coparticipación cayó un 11,3% respecto de febrero, lo que profundizó la crisis fiscal subnacional. En el trimestre, las provincias denuncian una pérdida de $1 billón en comparación con el mismo período del año anterior.

“Eso se ve en la recaudación provincial. La situación es dramática, están todos preocupados sean del color que sea. Están todos con los frentes abiertos y las paritarias incendiadas”, describieron desde el ámbito provincial.

El adelanto de coparticipación aparece así como una herramienta clave para evitar un mayor endeudamiento de las provincias. El esquema, que ya se había aplicado en enero para Entre Ríos, prevé la devolución de los fondos antes de fin de año con una tasa del 15%, muy por debajo del costo del financiamiento externo, que oscila entre el 30% y el 45%.

Según datos de Politikón Chaco, en marzo las transferencias automáticas alcanzaron los $5,05 billones, lo que en términos reales implica una pérdida superior a $1,15 billones para provincias y la Ciudad de Buenos Aires en el primer trimestre de 2026. Se trata del segundo peor inicio de año desde que hay registros recientes, solo por encima de 2024.

En este escenario, tanto la Nación como las provincias enfrentan restricciones fiscales severas. “Las vacas flacas son para todos”, sintetizó un funcionario nacional.

La presión sobre las cuentas públicas llevó incluso a gobernadores enfrentados con el oficialismo a flexibilizar posiciones. En Tierra del Fuego, Gustavo Melella analiza adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones para atraer capitales en medio de la crisis financiera.

En La Rioja, también se registraron gestos de acercamiento. El secretario general Ricardo Herrera, hombre de confianza del gobernador Ricardo Quintela, se reunió días atrás con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Mientras desde la provincia relativizan el encuentro, en el oficialismo aseguran que hubo planteos vinculados a la necesidad de fondos.

En paralelo, trascendió que la Nación habría condicionado eventuales partidas a la implementación de la Boleta Única Papel, la adhesión al RIGI y la adopción de normas de transparencia. Quintela no habría garantizado esos cambios. Aun así, La Rioja figura entre las provincias que recibirán adelantos.

En ese distrito, además, se mantiene la expectativa por un fallo de la Corte Suprema en torno a un reclamo por U$S 1.200 millones que, según sostienen, fueron retenidos de manera indebida por el Estado nacional.