La posibilidad de que el secretario de Energía de Tucumán, Martín Viola, pida disculpas públicas y realice un resarcimiento económico para cerrar la causa en su contra tras haber sido imputado por la utilización de un DNI que había sido denunciado como robado fue descartada de plano por la parte damnificada, que calificó esa salida como insuficiente y reclamó que el proceso penal avance “sin más dilaciones” hacia la acusación formal.

El planteo fue presentado por la abogada Belén Salas en representación de Julián Echazú Toneatti, quien solicitó el cierre definitivo de la instancia de conciliación y pidió que el Ministerio Público Fiscal retome su rol acusador. En el escrito, la parte damnificada advirtió que existe una “dilación injustificada” y sostuvo que el imputado “ha guardado un silencio absoluto” tras haberse comprometido a formular una propuesta en el marco de la mediación.

El caso tiene como imputado a Viola, acusado de haber utilizado ilegítimamente el Documento Nacional de Identidad del denunciante para crear una cuenta digital y publicar comentarios injuriantes contra un funcionario municipal. La investigación fue impulsada por el fiscal federal Agustín Chit, quien reunió una serie de pruebas técnicas, bancarias y documentales que permitieron reconstruir la maniobra.

La causa se inició en agosto de 2025, cuando Echazú Toneatti denunció que había extraviado su DNI y que, semanas después, su identidad estaba siendo utilizada sin autorización en un medio digital. El episodio se conoció a partir de un mensaje que recibió del funcionario Alejandro Sangenis, quien le consultó por comentarios ofensivos publicados bajo su nombre, los cuales negó haber realizado.

Entre los elementos reunidos, la Fiscalía determinó que la cuenta digital fue creada el 2 de junio de 2025 y que la suscripción paga fue abonada con una tarjeta de crédito cuyo titular es Viola. A ello se sumó un dato considerado relevante: imputado y denunciante residían en el mismo edificio, circunstancia que, según la hipótesis fiscal, explicaría el acceso al documento extraviado.

En ese contexto, el fiscal Chit había impulsado una instancia de conciliación al considerar que el tipo de delito permitía una salida alternativa. La propuesta contemplaba que el funcionario realizara “disculpas públicas” en el mismo medio donde se produjeron los agravios y una donación económica como forma de reparación, lo que podía derivar en el cierre del conflicto penal.

Sin embargo, la parte damnificada rechazó esa posibilidad desde el inicio y ahora formalizó su oposición en términos más duros. En su presentación, sostuvo que se trata de “soluciones simbólicas que carecen de entidad reparatoria” y advirtió que aceptar ese camino implicaría enviar “un mensaje devastador para la sociedad”, al permitir que conductas ilícitas se resuelvan sin una respuesta penal efectiva.

El escrito también introduce un cuestionamiento estructural al proceso al señalar una “inaceptable asimetría”, en la que el imputado -por su condición de funcionario público- podría beneficiarse de dilaciones sin consecuencias. En esa línea, la representación de la víctima afirmó que el denunciante sufrió una “muerte civil digital” y que el daño ocasionado no se repara con “cortesías formales”.

Con este nuevo planteo, el expediente queda en una instancia clave. El Ministerio Público Fiscal deberá resolver si declara fracasada la conciliación y avanza con la formalización de la acusación, lo que podría conducir a la elevación a juicio. En paralelo, se mantiene como hito central la declaración indagatoria de Viola ante el juez federal Guillermo Díaz Martínez. todo esto a la espera de que Viola presente, tal como se había comprometido, una propuesta que hasta aquí el damnificado rechaza.