El exfiscal federal de Salta José Luis Bruno reconoció haber favorecido a integrantes de organizaciones narcocriminales que operaban en el norte del país y acordó una condena de tres años de prisión en suspenso mediante un juicio abreviado.

Bruno se desempeñaba como fiscal federal en San Ramón de la Nueva Orán, una de las zonas más sensibles del país en materia de tráfico de drogas por su cercanía con la frontera con Bolivia. En ese distrito judicial investigaba causas vinculadas al narcotráfico.

La causa se resolvió a través de un acuerdo judicial en el que el exfuncionario admitió su responsabilidad penal por haber otorgado beneficios procesales a integrantes de bandas narco para que recuperaran la libertad. El acuerdo fue homologado por un tribunal, que validó tanto la condena como la admisión de los hechos.

Tras el avance del proceso y el reconocimiento de su participación en las maniobras investigadas, Bruno presentó su renuncia al cargo.

De un discurso duro contra el narcotráfico a la confesión

El caso generó fuerte repercusión debido a que el propio Bruno había ganado notoriedad pública años atrás por su postura dura frente al narcotráfico en la frontera norte.

En 2015, el entonces fiscal había propuesto públicamente la construcción de un muro en la frontera entre Salta y Bolivia para frenar el contrabando y el ingreso de droga. En ese momento sostuvo que la región era un corredor clave para el crimen organizado y reclamó medidas estructurales para controlar los pasos ilegales.

La confesión judicial reveló, sin embargo, que mientras sostenía ese discurso público habría favorecido a organizaciones criminales que operaban en la zona.

La trama judicial

La investigación apunta a que Bruno otorgó beneficios indebidos a una organización narcocriminal liderada por René Antonio Arancibia.

Según el expediente, el narcotraficante habría pagado sobornos por unos 150.000 dólares para obtener resoluciones judiciales favorables. Ese dinero habría sido canalizado a través del comerciante Barakat Barakat y habría terminado en manos de allegados al exjuez federal Raúl Reynoso.

Reynoso fue condenado en 2019 a 13 años de prisión por liderar una asociación ilícita que cobraba dinero para favorecer a narcotraficantes en distintas causas judiciales. Posteriormente recibió otra condena de cinco años por delitos vinculados a corrupción judicial.

Una frontera bajo presión

La causa vuelve a poner en foco la situación de la frontera entre Salta y Bolivia, considerada una de las principales puertas de ingreso de cocaína a la Argentina.

En esa región operan rutas de contrabando, pasos no habilitados y organizaciones criminales que utilizan el área para el traslado de cargamentos de droga hacia el interior del país.

La confesión del exfiscal sacudió al sistema judicial del norte argentino y reavivó el debate sobre la penetración del narcotráfico en las instituciones encargadas de combatirlo.

El caso ahora deberá completar su trámite judicial con la homologación definitiva del acuerdo abreviado por parte de un tribunal federal.