El deterioro urbano no suele producirse de un día para otro. Es, casi siempre, el resultado de una sucesión de decisiones postergadas, planes inconclusos y responsabilidades diluidas. El Bajo condensa, como pocos sectores de la Capital provincial, esa lógica.

Nadie discute su valor estratégico. Por su historia, por su ubicación y por su peso simbólico, fue durante décadas una de las principales puertas de ingreso a San Miguel de Tucumán. El ferrocarril, el antiguo aeropuerto, la ex Terminal de Ómnibus y una intensa actividad comercial lo convirtieron en un espacio de intercambio permanente. Sin embargo, ese protagonismo se fue apagando.

El cierre del ramal ferroviario en 1978, el traslado del aeropuerto en 1986 y la mudanza de la Terminal en 1994 marcaron puntos de inflexión. A partir de allí, el barrio comenzó a perder su función original. Lo que siguió fue una sucesión de anuncios, ordenanzas y proyectos que no prosperaron. El quiebre más profundo llegó en 1995, con la creación del Mercado de Pulgas en la ex Terminal, una medida que derivó con el tiempo en la ocupación descontrolada del espacio público y en el escenario de anarquía actual.

Ese recorrido histórico y sus consecuencias quedaron reflejados en la serie de informes que LA GACETA ha venido publicando en los últimos días sobre El Bajo, donde se reconstruyen las decisiones políticas, los intentos de recuperación fallidos y el progresivo deterioro de uno de los sectores más emblemáticos de la ciudad.

El diagnóstico actual refleja inseguridad, venta informal sin regulación, ocupaciones ilegales, edificios históricos abandonados, basurales, calles en mal estado y tránsito caótico. A esto se suma la inseguridad vial y la degradación social en determinados sectores, mientras vecinos y comerciantes conviven a diario con un desorden que parece haberse naturalizado.

A los problemas visibles se agrega uno menos evidente, pero no por eso menos importante: la superposición de jurisdicciones. Partes del barrio dependen del municipio, otras de la Provincia y otras aún de la Nación, con presencia además del sector privado y de ocupaciones irregulares. Esa fragmentación parece terminar paralizando cualquier intervención integral: nadie se hace cargo del todo y, en ese vacío, la constante es el deterioro.

En este contexto reaparecieron iniciativas que vuelven a poner a El Bajo en la agenda pública. Entre ellas, el proyecto para declarar patrimonio cultural a la plaza La Madrid y su entorno, la propuesta de crear un organismo de coordinación que ordene la cuestión jurisdiccional y un Master Plan que plantea una intervención urbanística, comercial y cultural del sector. También el municipio capitalino trabaja en un proyecto propio que todavía no fue presentado en detalle.

Pareciera ser que El Bajo no necesita más diagnósticos ni nuevas promesas. Los problemas están identificados. El desafío es coordinar, ejecutar y sostener en el tiempo una política pública que trascienda gestiones y competencias superpuestas. Recuperar El Bajo es, en gran parte, una decisión política. Entre el abandono y la oportunidad, el barrio sigue esperando que esta vez el futuro no vuelva a quedar en el archivo.