A menos de un mes del inicio del ciclo lectivo 2026, los colegios privados de Tucumán proyectan datos que dan cuenta de la incertidumbre que los invade y que debería encender todas las alarmas en los distintos ámbitos institucionales. Lo que en otros años era un trámite estacional de uniformes y útiles, hoy se ha transformado en un síntoma preocupante de la fragilidad social que atraviesa el país. Las cifras no mienten: la matriculación en el nivel secundario apenas alcanza un rango de entre el 40% y el 50%, mientras que en el primario apenas roza el 70%.

Este fenómeno no es una fluctuación estadística ni un cambio de hábito demográfico. Es una modificación profunda del proyecto de futuro de la clase media tucumana. Durante décadas, el esfuerzo de pagar una cuota escolar fue el contrato social más sagrado de las familias trabajadoras para garantizar el ascenso social, más allá de la mejora que pueda haber experimentado el sector público. Hoy, ese contrato está virando por una realidad económica que no da tregua. El diagnóstico de los referentes del sector es concreto. Desde la Vicaría de Educación y la Asociación de Instituciones Privadas Educativas de Tucumán (Asipet) coinciden en que la morosidad ha trepado a niveles históricos, superando el 15% por encima de lo habitual. Las familias tucumanas están atrapadas en una “trampa de prioridades”: con tarjetas de crédito al límite y aumentos en servicios que devoran los salarios, el colegio ha pasado de estar al tope de la lista a ocupar el último peldaño. El drama no es solo la falta de voluntad, sino la imposibilidad física de cubrir una matrícula que, en muchos casos, se intenta financiar en cuotas que solo sirven para estirar la agonía.

Sin embargo, reducir este conflicto a una cuestión de pesos y centavos resulta insuficiente. Al factor económico se le suma una herida pedagógica: el alarmante número de estudiantes secundarios que llegan a febrero con materias pendientes, incapaces de definir su promoción. Esta combinación de insolvencia financiera y fragilidad académica está generando un “exilio escolar interno”. Cientos de jóvenes están hoy fuera de los registros, suspendidos en una zona gris, sin saber si habrá un banco esperándolos el 2 de marzo.

Es aquí donde preocupa cómo o qué hará el Estado, y cómo podrá responder, a esta realidad que ya viene enfrentando los últimos años y que este parece redoblarse. Si el 28% de la matrícula total de la provincia -unos 120.000 alumnos repartidos en 267 instituciones- está hoy bajo presión, la educación pública se enfrenta ante la posibilidad de verse desbordada. La migración del sector privado al público no es una posibilidad teórica; es una realidad que ya está golpeando las puertas de escuelas estatales que arrastran sus propias carencias de infraestructura y presupuesto, más allá de la inversión que se viene haciendo en ese sentido. El colapso del sistema privado no solo afectará a “las empresas” educativas; pone en jaque al sistema público ya saturado que habrá que ver cómo absorve este éxodo sin degradar la calidad de la enseñanza.

No se puede gestionar la educación como si fuera una partida de ajedrez donde solo importan las paritarias. Se requiere una intervención urgente que alivie la carga sobre las instituciones y, fundamentalmente, sobre los padres. Si la educación de calidad se convierte en un bien de lujo reservado, Tucumán estará hipotecando su recurso más valioso. El aula no puede ser el lugar donde se rinde la esperanza. Quienes conducen los destinos dela población deben comprender que, sin una clase media con acceso a la educación, no hay proyecto de sociedad posible.