La Justicia Federal de Tucumán dispuso el congelamiento de criptoactivos y un amplio conjunto de bienes en el marco de una investigación por presunto lavado de activos que tendría ramificaciones internacionales y posibles nexos con la organización criminal brasileña Comando Vermelho.
La medida fue adoptada por el juez federal N°1, José Manuel Díaz Vélez, a pedido del Ministerio Público Fiscal, en una causa que se originó tras una denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). La investigación es impulsada por el fiscal federal N°2, Agustín Chit.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, un grupo de personas habría canalizado fondos de origen ilícito -entre ellos provenientes de la narcocriminalidad- a través de complejas maniobras financieras que incluyeron el uso de plataformas digitales, billeteras virtuales, exchanges de criptomonedas y entidades bancarias tradicionales. Los movimientos detectados superan los 190 millones de USDT, una criptomoneda estable conocida como “criptodólar”.
Los investigadores advirtieron inconsistencias entre el volumen de operaciones registradas y el perfil patrimonial y fiscal de los involucrados, lo que reforzó las sospechas sobre el origen de los fondos. La operatoria detectada incluía la recepción de activos, su fragmentación y diversificación mediante trading de criptomonedas, y un presunto retorno hacia un beneficiario final identificado como Marcelo Clayton Alves de Sousa, ciudadano brasileño que se encuentra prófugo y con investigaciones abiertas tanto en Argentina como en Brasil por lavado de activos y delitos vinculados al narcotráfico.
Según la acusación, Alves de Sousa estaría señalado como uno de los responsables de canalizar fondos ilícitos presuntamente pertenecientes al Comando Vermelho, organización con base en Brasil y proyección regional.
En el marco de la causa, la fiscalía contó con asistencia técnica de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB). A partir del análisis de información aportada por proveedores de servicios de activos virtuales y del estudio de registros públicos en la blockchain, se logró reconstruir el circuito de las operaciones y ubicar direcciones digitales vinculadas a la maniobra.
Como resultado, se confirmaron saldos congelados por 208.693 USDT en direcciones incluidas en la investigación, que quedaron incautados como depósito judicial mientras avanza el proceso penal. Además, el juzgado ordenó medidas cautelares sobre ocho participaciones societarias -siete radicadas en el extranjero-, cuatro vehículos, cerca de 50 productos bancarios y diez inmuebles, varios de ellos fuera del país.
Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron que las medidas adoptadas se enmarcan en estándares internacionales de lucha contra el lavado de activos, particularmente en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que promueven el decomiso de bienes provenientes del delito y el fortalecimiento de las capacidades investigativas.