La controversia por el uso o no del nuevo Índice de Precios al Consumidor es una ridiculez con más costos que ventajas para el gobierno.
Para empezar, resumen de los cambios. Un índice de precios no es un promedio directo de variables con distintas unidades de medida sino que mediante encuestas se define un conjunto de bienes representativo del consumo promedio y regularmente se relevan precios para calcular cuánto se gastaría en ese conjunto particular de bienes. Si la cantidad y el tipo de bienes están fijos pero varían los montos entonces se debió a cambios en los precios. De comparar esos montos de consumo surge la tasa de inflación.
La canasta de consumo que se usa derivó de la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares de los años 2004/05, con algunos “parches” en la composición de aquella para reflejar la evolución del gasto. Porque el conjunto de bienes para el cálculo del IPC podrá estar fijo pero lo que las personas compran no. Por eso hay que actualizar la canasta, revisar si, por ejemplo, las proporciones en el tipo de bienes (alimentos, servicios, alquileres…) varió o no (cambio de ponderaciones) así como cuáles son los bienes y servicios específicos.
Hace años el Indec venía trabajando sobre la Encuesta de los años 2017/18 y así diseñó la canasta para el nuevo IPC, cuyos resultados pretendía presentar ahora. ¿Con qué cambios? Por ejemplo, “Servicios financieros y bancarios” antes estaba dentro de “Servicios”, ahora sería una categoría aparte. Lógico, por el uso del home banking ampliado desde la cuarentena así como las operaciones de mercados de capitales facilitadas por los propios bancos y la difusión de las Alycs por web y aplicaciones de celulares.
En la nueva canasta, “Servicios” tendría más peso que en la vieja y como se espera que este año el gobierno nacional vuelva a aumentar tarifas de servicios públicos (frenadas antes de las elecciones de 2025), habiendo margen para incrementos importantes, el IPC subiría más con el nuevo cálculo que con el viejo. De allí las teorías conspirativas sobre la pretensión oficial de mentir con los números, manejar el Indec y similares.
Sin embargo, tienen poco sustento. Desde diciembre de 2023 se estimaron en paralelo el IPC viejo y el nuevo y los resultados mostraron poca diferencia. En tres meses el viejo subió más que el nuevo, en quince el nuevo más que el viejo y en siete dieron lo mismo. Pero las diferencias, desde hace mucho, son decimales: por caso, junio 2024 fue 4,6 por ciento a 4,8; marzo 2025 fue 3,7 a 3,6. Durante 2025, un total de 31,5 por ciento a 33,6. Nada. Ahora, servicios públicos hubiera pasado de una parte del 9,4 por ciento del cálculo a una parte del 14,5. Importante, pero no extraordinario. Si todo “Servicios” fuera electricidad y su tarifa subiera diez por ciento el impacto en variación del IPC sería 0,94 puntos por el método actual pero 1,45 por el nuevo. Sólo 0,51 puntos de diferencia. Pero en la categoría están agua, gas, transporte, internet… la divergencia disminuiría. Difícilmente en 2026 las discrepancias mensuales superarían un par de decimales.
Claro, en público hay debates por decimales, incluyendo al gobierno entre los contendientes. Es ridículo. Los cálculos surgen de encuestas. Muy buenas, pero siguen siendo promedios basados en encuestas. No hay exactitud posible. Lo importante son las tendencias y el orden de magnitud.
Entonces, ¿el gobierno podría decir que si eso es lo relevante da lo mismo cualquier índice? No. La imagen y las expectativas importan para la credibilidad y legitimidad. Si había nuevo índice y estaba programado utilizarlo se debió aplicar. Luis Caputo dijo preferir no cambiar durante este proceso de desinflación porque aportaría a la confusión. Pues a eso aportó rechazar el nuevo cálculo y mantener el viejo. Además, la modificación era aplicar un instrumento más preciso, no cambiar el método de diagnóstico y, peor, frenarla abre la puerta a la tentación de que en cada situación conflictiva se sostenga que se está en un trance fundamental y no cambiar nada. Caputo también dijo que el nuevo índice no lo es tanto porque la encuesta base es de 2017. Sí, pero ocho años de antigüedad son mejores que 22 y realizar una nueva insumiría cuatro años y cinco millones de dólares. Igual debe hacerse, pero mientras tanto que vaya el “nuevo” IPC.
Tal vez sería mejor presentar los dos índices. Si la diferencia sustancial está en las ponderaciones implicaría aplicar dos fórmulas diferentes a los mismos números primarios, igual que se hizo desde diciembre de 2023. ¿Peligro de confusión? Pues expliquen. En democracia es básico. Y es mejor explicar que debilitar la credibilidad. Si las diferencias no serán grandes no habrá mayores problemas, sumado a que probablemente la gran mayoría de las personas entiende que no es fácil ni rápido llegar a inflaciones de un dígito anual. Nadie espera que décadas de desastres se solucionen en dos años, pero mejor no aumentar, con errores como los del IPC, los costos involucrados en el proceso de transformación.
Consideraciones adicionales: no son sólo los servicios públicos. El Banco Central está aflojando la astringencia monetaria al comprar dólares y flexibilizar los encajes bancarios endurecidos antes de las elecciones. Eso impactaría en precios pero también en menores tasas de interés y mayor actividad comercial. Tal vez estas últimas compensen aquella presión. Ya se verá. Otra, el presente no tiene nada que ver con 2007-2015 (pensar que hay kirchneristas acusando al gobierno de manipular estadísticas…). Nadie expone números demasiado diferentes a los del Indec, nadie denuncia presiones al personal, nadie acusa que funcionarios les pidan informar precios distintos de los que cobran.
Por último, debería aprovecharse la ocasión para discutir la autonomía y condiciones de trabajo de los organismos estadísticos. Hay añejos proyectos parlamentarios sobre integración de la conducción del Indec por concurso y otros reaseguros para su seriedad. Bien podrían reflotarse.