En la cena anual de la Asociación de Magistrados, al final del año pasado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, identificó la preocupación fundamental en el Poder Judicial como “la cobertura de vacantes”. Expuso la crisis por las vacantes como un problema extendido que ha alcanzado cifras inéditas y que “perjudica directamente a los justiciables y afecta la imagen del sistema judicial”, como lo señaló Andrés Basso, presidente de la Asociación de Magistrados, en ese encuentro. Es que la Justicia Federal opera hoy con cerca del 37% de sus cargos clave sin titular.
Las causas tienen que ver con las desavenencias políticas, con los problemas del funcionamiento del sistema y con la diferente apreciación que se tiene en el mundo político de las necesidades de la Justicia. Según una nota reciente de “Infobae”, se estima que en los últimos tiempos ha habido un “apagón” que deja como saldo 203 vacantes cuyos concursos ya terminaron que están a la espera en el escritorio del Presidente y a ello se suman otras 157 vacantes que están en trámite en el Consejo de la Magistratura.
En el caso de Tucumán, el Juzgado Federal N° 1 está vacante desde fines de 2020 y su concurso tuvo recientemente la aprobación de su terna de candidatos por parte del Consejo de la Magistratura. El Juzgado Federal N° 2 está en medio de su concurso, que ya tiene un orden de mérito provisional. El Juzgado Federal N° 3 está cubierto, pero aún no entró en funciones, según se detalla en una nota del 10 de diciembre. En cuanto al Tribunal Oral en lo Criminal Federal, tiene los tres cargos vacantes, al igual que el cargo de Fiscal General ante este mismo tribunal. También están vacantes las fiscalías federales 1 y 2, actualmente cubiertas con subrogantes. Como caso representativo de la crisis se menciona el reciente juicio por las irregularidades con las utilidades mineras de YMAD en la Universidad Nacional de Tucumán, que se llevó a cabo a lo largo de 15 meses con tres jueces subrogantes.
En la reunión de magistrados, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, había atribuido las demoras al Congreso Nacional, señalando que fue “una máquina de impedir” y se había quejado porque “el sistema de designación, pese el esfuerzo, es lento, problemático y polémico”. En esto intervino también el condimento político, puesto que las actuales autoridades, al asumir, retiraron los pliegos enviados al Congreso por el Gobierno anterior, si bien hubo algunos pocos nombramientos en estos dos últimos años. El presidente de la Corte defendió, por su parte, al organismo que selecciona a los jueces y afirmó que están haciendo “el esfuerzo necesario” para agilizar los procesos. Sostuvo que los otros dos sistemas posibles, la elección a dedo por parte del Ejecutivo o la elección popular, “chocan contra la Constitución Nacional” y expuso que este año se debería “agilizar el trámite de los concursos y reforzar las capacitaciones de magistrados” para un trabajo interdisciplinario y especializado en causas complejas, no solo en narcotráfico y lavado de activos, sino también en “pornografía infantil”.
Si para marzo se avanzara en el envío de los pliegos y se normalizara la relación entre la tarea del Consejo de la Magistratura y la del Poder Ejecutivo, acaso podría cambiar la marca negativa del funcionamiento de la Justicia Federal, que por un lado obliga a centenares de magistrados a desdoblarse para cubrir juzgados vecinos mediante subrogancias, con lo cual se corre riesgo de deteriorar la administración del sistema, y por otro lado se afecta con las excesivas demoras el servicio y las causas de los ciudadanos.