OSLO, Noruega.- La familia de Hossein Mahmudi, de 36 años, creía haberlo visto todo con su muerte a tiros en las protestas contra el régimen de Irán. Pero el calvario siguió cuando los amenazaron y les exigieron dinero si querían recuperar el cadáver.
Mahmudi fue abatido por disparos de las fuerzas de seguridad el 8 de enero, cerca de la ciudad de Isfahan. Su familia esperó ocho días para recuperar su cuerpo, según la ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega. Las autoridades no querían entregar el cadáver y sólo accedieron tras advertir a los parientes que no debían hablar del caso, y de imponer una multa equivalente a U$S2.875.
Grupos de derechos humanos afirman que la experiencia de esta familia no tiene nada de excepcional entre quienes quieren recuperar los cadáveres de seres queridos de las morgues. Unas morgues que, según puede verse en los videos subidos a redes sociales, se vieron saturadas por la enorme cantidad de víctimas.
Los familiares señalan que les obligan a mentir que sus muertos eran miembros de algún grupo armado, como la milicia Basij, clave en la represión del gobierno. Además, se les impide celebrar funerales.
Dolor y hostigamiento
“Las autoridades han hostigado e intimidado de manera implacable y cruel a las familias de manifestantes asesinados”, señaló Amnistía Internacional, que denunció una campaña sistemática de intimidación y coacción.
“A los familiares les dijeron que los cuerpos de sus seres queridos serían retenidos a menos que pagaran sumas exorbitantes de dinero, firmaran declaraciones o hicieran pronunciamientos públicos para declarar falsamente que sus allegados eran miembros de la milicia Basij”, afirmó.
El grupo denunció que una familia no pudo recuperar el cadáver de su familiar más de dos semanas después de su muerte, porque no pueden pagar la suma exigida por las autoridades.
La relatora especial de las Naciones Unidas para Irán, Mai Sato, recibió informes de que las autoridades coaccionan a las familias a declarar falsamente que sus muertos integraban la milicia Basij y que cayeron a manos de manifestantes, además de exigir pagos para recuperar el cuerpo.
Las autoridades dicen que más de 3.000 personas murieron en las protestas, y que la mayoría eran miembros de las fuerzas de seguridad y transeúntes asesinados por “alborotadores”.
Grupos de derechos humanos disputan esa cifra y afirman que son decenas de miles los muertos y que los manifestantes fueron asesinados por disparos de las fuerzas de seguridad.
El grupo Hengaw de derechos humanos destacó el caso de Ali Taherkhani, de 31 años, baleado y luego golpeado con porras por las fuerzas de seguridad en la localidad de Takestan. Las autoridades entregaron el cuerpo a su familia solo después de que pagaran el equivalente a 21.500 dólares y removieran las pancartas de condolencias.