La administración del presidente Javier Milei incluyó la reforma del Régimen Penal Juvenil en el temario para las sesiones extraordinarias del Congreso, convocadas a partir del 2 de febrero. ¿Qué es lo que establece el proyecto?
El oficialismo aspira a insistir con su proyecto original para reducir de 16 a 13 años la edad a partir de la cual un menor puede ser considerado penalmente responsable. Esa iniciativa se fundió con otras once y obtuvo dictamen de mayoría en 2025, tras pasar por las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto, Justicia y Familias, Niñez y Juventudes.
Con las firmas de los libertarios, el PRO, la UCR, partidos provinciales, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y Democracia para Siempre, el texto terminó fijando en 14 años la edad mínima y establecía penas máximas de hasta 15 años; y sanciones alternativas para condenas menores a 10 años referidas a servicios comunitarios, prohibición de conducción y reparaciones económicas.
La bancada de Unión por la Patria sostuvo que la edad no debía cambiarse y que tenía que permanecer en los 16 años, mientras que el Frente de Izquierda rechazó cualquier modificación a la normativa actual, consignó C5N.
El proyecto también contempló la mediación penal juvenil, que será voluntaria y confidencial para delitos con penas de hasta seis años, y con el consentimiento de víctima e imputado. La suspensión del juicio a prueba será aplicable solo a delitos con penas mínimas inferiores a tres años y sin mediación previa.
Sin embargo, al no ser tratado durante el período legislativo, el texto perdió estado parlamentario. Ante eso, el Gobierno busca imponer, merced a la nueva composición de las cámaras del Congreso, su plan original, que bajaba a 13 años la edad de imputabilidad.