El gobierno de Javier Milei ingresó en una etapa de definiciones cruciales para alcanzar la sanción de su ambiciosa reforma laboral. Con la premisa de no ceder ante las presiones sindicales, la Casa Rosada busca blindar el núcleo de su proyecto, mientras intenta desenredar una compleja trama de negociaciones en el Congreso que incluye tanto a gobernadores como a sus aliados más cercanos.

En los despachos de Balcarce 50, la orden del Presidente a su mesa chica es taxativa: el tratamiento legislativo no debe extenderse más allá de las sesiones extraordinarias de febrero. Bajo esta urgencia, el Ejecutivo descarta de plano cualquier modificación en el capítulo sindical, ratificando que los artículos sobre convenios colectivos y representación gremial son innegociables para mantener el “espíritu de la ley”.

A pesar de esta rigidez, el oficialismo ha mostrado una veta de pragmatismo en el apartado tributario. Sectores duros del Ejecutivo se encuentran estudiando alternativas para modificar el articulado sobre la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades, una ficha de cambio estratégico para atraer a los legisladores que responden a los mandatarios provinciales.

La discusión central con las provincias gira en torno al impacto fiscal. Varios gobernadores aliados ya advirtieron que no están dispuestos a convalidar una baja de impuestos coparticipables sin un esquema de transición que proteja sus arcas. En respuesta, la Nación condiciona cualquier alivio impositivo a un respaldo político total hacia el resto de las iniciativas clave.

Desde el oficialismo son enfáticos al asegurar que no habrá “esquemas paralelos” de compensación. Esto implica que el Gobierno rechaza otorgar fondos extraordinarios u obras públicas por fuera del Presupuesto para aceitar la votación. La estrategia se basa en una revisión acotada del texto vigente, siempre y cuando se garantice la disciplina parlamentaria de las provincias.

El armado político de esta etapa está liderado por figuras de peso. Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, y Diego Santilli, ministro del Interior, encabezan las conversaciones. Santilli ya ha mantenido reuniones con gobernadores de Mendoza, San Juan y Salta, y tiene en agenda encuentros inmediatos con los mandatarios de Entre Ríos y Neuquén.

Los ex aliados resisten

Sin embargo, el frente interno presenta daños significativos. La relación entre La Libertad Avanza y el PRO atraviesa un momento de extrema complejidad. Aunque el partido fundado por Mauricio Macri acompañó la gestión de Milei desde el inicio, el vínculo actual está marcado por la desconfianza mutua y una notable distancia política.

Esta tensión se profundizó tras el cierre del año legislativo 2025, cuando el PRO decidió reafirmar su independencia para evitar quedar diluido en la estructura oficialista. A pesar de que el Gobierno alcanzó la primera minoría tras dos años de gestión, todavía depende de un PRO que hoy se muestra reticente a firmar cheques en blanco.

Desde el corazón del bloque del PRO confirmaron a la prensa que, si bien consideran “urgente” una modernización laboral para combatir la informalidad, no aceptarán un tratamiento “a libro cerrado”. La postura del partido es clara: el proyecto debe analizarse punto por punto para asegurar que las herramientas propuestas sean realmente efectivas para la creación de empleo.

Los legisladores del PRO insisten en que no se puede abordar un cambio de esta magnitud de manera apresurada. Advierten que esperarán a ver cómo sale el texto del Senado antes de fijar una posición definitiva en la Cámara de Diputados, marcando una cancha que el Ejecutivo preferiría tener despejada de obstáculos.

A pesar de las críticas al método, el PRO rescata aspectos positivos de la iniciativa. Valoran especialmente que se haya tomado como base su proyecto sobre trabajo en plataformas, considerando que la incorporación de estas modalidades al marco legal es un paso concreto hacia la formalización y la generación de reglas claras para el sector.

El escenario para el resto de enero y febrero se anticipa de alta intensidad política. Con un Javier Milei que no está dispuesto a entregar las banderas de su modernización para el mundo del trabajo y un PRO que exige respeto por su autonomía legislativa, el éxito de la ley laboral dependerá de la capacidad de los negociadores para encontrar un equilibrio entre la ideología y la compleja aritmética parlamentaria.