Durante la mayor parte de mi vida estuve en la actividad privada. He venido desembolsando en pagos únicos mensuales el monotributo, la obra social, el aporte jubilatorio e ingresos brutos. Pero aun así me llegó una carta de la Dirección General de Rentas, en la que se me intima a pagar una supuesta deuda en concepto de ingresos brutos dentro de los 15 días hábiles después de recibida la misiva. Además de que estoy seguro de no deberle al Estado (de hecho el Estado me debe a mí, pues ingresos brutos se me ha venido cobrando por partida doble: por un lado el monto fijo que le corresponde pagar a un monotributista, y por otro lado un bocado del 5% en cada transferencia bancaria hecha por algún cliente), con la carta de advertencia venía abrochado otro papel (con la misma fecha de envío) en el que se me informaba que el plazo se había cumplido, que el juicio se había llevado a cabo, y que yo debía pagar, además de la supuesta deuda más intereses, los honorarios de un abogado. ¡Caramba, cuánta eficiencia administrativa! Puedo aceptar como un mal necesario tener que pagar para obtener el derecho a ¡trabajar!; el derecho a llevar a cabo una actividad de utilidad pública. Pero me pregunto por qué un pobre monotributista como yo tiene que sudar la camiseta (y más que sudar a veces sangrar) para mantener el disipado estilo de vida de un burócrata que, con seguridad, no deberá resignarse a tener que cobrar la jubilación mínima, como tendré que resignarme yo; no tendrá que trabajar hasta el final de su resistencia, como tendré que hacerlo yo. Es indignante y lamento tener que decir que me hace sentir vergüenza de ser tucumano.
Ricardo Manai
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