En medio de la discusión nacional por la posible derogación de la Ley de Tierras Rurales y mientras avanza el incendio forestal que ya dañó más de 12 mil hectáreas en Chubut, un nuevo trabajo académico vuelve a instalar el debate sobre el uso y la distribución del territorio en la Argentina.
El Observatorio de Tierras, integrado por investigadores de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y el Conicet, presentó un mapa interactivo que señala qué tierras de la Argentina están en manos de propietarios extranjeros, en el marco del intento del gobierno de Javier Milei de derogar la ley de Tierras y el creciente interés internacional en zonas con recursos estratégicos.
El informe arrojó que aproximadamente el 5% del territorio nacional está en manos de firmas o estados extranjeros. El porcentaje representa más de 13 millones de hectáreas, una extensión equivalente a la superficie total de Inglaterra.
Un proyecto académico para ordenar datos públicos
El mapa fue elaborado por la socióloga Julieta Caggiano y el historiador Matías Oberlin, ambos becarios del Conicet, integrantes del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y del Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias (MILPA).
Su trabajo consistió en sistematizar bases oficiales, contrastarlas y presentarlas en una interfaz interactiva que permite recorrer cada provincia y cada departamento.
El objetivo es “acercar información que existe, pero no siempre se encuentra integrada o disponible de manera sencilla”, explican desde el equipo de investigación.
Iguazú y Neuquén: las áreas más extranjerizadas
Entre los resultados más notorios del mapa aparece Iguazú, en Misiones, y Neuquén como las zonas con mayor proporción de tierras en manos de propietarios extranjeros.
En el caso de Misiones, el estudio consigna que, por ejemplo, Puerto Iguazú (integrado también por Puerto Esperanza, Puerto Libertad y Wanda) tiene una extensión de 286.378,35 hectáreas, de los cuales 114.406,68 están en manos extranjeras, lo que representa un 40% del total del territorio.
De acuerdo al informe, el departamento de Neuquén cuenta con 475.095,11 hectáreas, de las cuales 257.346,02 están en manos extranjeras, lo que implica un porcentaje de extranjerización del 54%.
Otras provincias que muestran altos niveles de extranjerización
El mapa también identifica a Salta y La Rioja como dos de las jurisdicciones con mayor proporción de tierras rurales en manos extranjeras. En ambos casos, departamentos como Molinos, San Carlos y General Lamadrid superan ampliamente los porcentajes promedio del país. Estos territorios coinciden con áreas donde se concentran recursos mineros, zonas de montaña y reservas de agua dulce, factores que suelen atraer inversiones del exterior.
En el norte argentino también sobresalen departamentos de Corrientes, como Ituzaingó y Berón de Astrada, que registran porcentajes elevados vinculados a emprendimientos forestales, grandes estancias y la cercanía con el río Paraná, un corredor clave para el transporte y la logística regional.
Hacia la provincia de Buenos Aires, el departamento de Campana aparece como un punto sensible dentro del mapa. Su ubicación estratégica, la presencia del puerto y el desarrollo industrial generaron un volumen significativo de operaciones de compra por parte de empresas extranjeras.
Por su parte, en cuanto a la procedencia de los propietarios, Estados Unidos encabeza el podio con 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España. “Solo estas tres nacionalidades concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada. Para dimensionarlo: los estadounidenses poseen una superficie mayor que la provincia de Tucumán” señala el informe.
Un debate que se reaviva por el contexto político y ambiental
El lanzamiento del mapa ocurre en un momento sensible, marcado por el intento del Gobierno nacional de derogar la Ley de Tierras Rurales, una norma que regula la compra de superficie rural por parte de personas o empresas extranjeras.
A la vez, la emergencia ambiental en la Patagonia vuelve a poner la lupa sobre el manejo territorial, los usos del suelo y la importancia de políticas públicas que protejan ecosistemas vulnerables.