El Ministerio Público Fiscal está investigando a una banda que estafó a una cooperativa de trabajo al entregar como parte de pago de tres vehículos cheques sin fondo. Por el momento hay una persona imputada y están en búsqueda del paradero otros posibles sospechosos.

La maniobra delictiva ocurrió en 2024 y es estudiada por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad de feria, subrogada por el fiscal José Sanjuán. De acuerdo a la acusación fiscal, entre los meses de abril y agosto de ese año, los sospechosos llevaron a cabo diversas tratativas para adquirir tres vehículos pertenecientes a una cooperativa de trabajo. La operación fue canalizada a través de una empresa comercial, la cual acordó la venta de los rodados por un precio total de $75.944.000.

La transacción se formalizó el 5 de agosto de 2024 mediante la firma de un boleto de compraventa, en el cual se estableció una modalidad de pago mixta. Parte del monto fue abonado en efectivo y mediante transferencias bancarias, mientras que el saldo restante se instrumentó a través de varios cheques de distintas entidades bancarias, con vencimientos previstos entre agosto y noviembre de 2024.

Como garantía adicional, se libró un pagaré en blanco a favor de la cooperativa. A pesar de que el precio no había sido cancelado en su totalidad, la cooperativa le entregó a los compradores uno de los vehículos en mayo de 2024 y, en agosto del mismo año, les dio los dos rodados restantes luego de la firma de la documentación registral correspondiente.

Según informó la auxiliar de fiscal María Sol Gramajo, la operación se mantuvo sin inconvenientes hasta que, al momento de presentar el cobro los dos últimos cheques, ambos valuados en sumas millonarias, fueron rechazados por falta de fondos en sus fechas de vencimiento, generando un perjuicio económico significativo. “Esta situación evidenció el engaño inicial y la intención de incumplir lo pactado”, afirmó.

Tras varios meses de investigación, de pericias electrónicas, entrevistas testimoniales y oficios emitidos a entidades bancarias, el MPF formuló cargos en contra de uno de los involucrados por el delito de estafa y pago con cheque sin provisión de fondos.

Luego de exponer la teoría del caso y las evidencias recolectadas hasta el momento, Gramajo solicitó que el imputado fuera sometido a 35 días de prisión preventiva para cautelar el proceso. Para argumentar su pedido remarcó la gravedad del hecho por el monto económico comprometido y por el ardid desplegado, señalando que la operatoria se desarrolló bajo una apariencia de legalidad que permitió generar confianza suficiente para concretar la entrega de los vehículos, pese a que el pago no fue cumplido en su totalidad. Además informó que hay otras personas involucradas en la estafa, que se encuentran prófugas.

El juez interviniente resolvió hacer lugar parcialmente al pedido fiscal y ordenó 15 días de prisión preventiva para el imputado.