París, la capital de Francia, se convirtió este martes en el escenario de una nueva demostración de fuerza del sector rural. Unos 350 tractores ingresaron a la ciudad y marcharon hasta la Asamblea Nacional para exigir que se frene el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, cuya firma está prevista para este sábado.
La movilización fue impulsada por la Fnsea, el sindicato mayoritario del campo, bajo la consigna de obtener acciones concretas e inmediatas por parte del Estado. Damien Greffin, vicepresidente de la organización, advirtió a sus bases que la revuelta campesina se reanuda hoy y aseguró que mantendrán la vigilia hasta ser recibidos por el primer ministro.
Según la agencia AFP, el malestar se multiplicó desde inicios de noviembre ante la posibilidad de que la Unión Europea selle finalmente la alianza con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
A pesar de la oposición diplomática del presidente Emmanuel Macron, los agricultores temen que el tratado inunde el mercado con productos sudamericanos y profundice la crisis de competitividad local.
Los manifestantes expresaron su hartazgo por una situación económica que definen como insostenible. Guillaume Moret, un productor de 56 años que participó del bloqueo, resumió el clima general al señalar que llevan tres años sin generar ingresos en sus explotaciones y acusó a la clase política de ser incapaz de ofrecer un rumbo claro.
Descontento con las medidas oficiales
El gobierno intentó desactivar el conflicto el viernes pasado con el anuncio de un paquete de ayuda de 300 millones de euros, además de flexibilizaciones en el control de la población de lobos y proyectos de riego. Sin embargo, la oferta fue considerada insuficiente por los líderes sindicales.
La Fnsea reclama ahora una moratoria sobre las regulaciones vinculadas al uso del agua y la suspensión de las últimas normativas sobre fertilizantes.
Esta presión de la calle llega en un momento crítico para el Ejecutivo francés. En minoría parlamentaria desde 2024, el gobierno deberá enfrentar esta semana dos mociones de censura que amenazan su continuidad, mientras la vocera oficial, Maud Bregeon, insiste en que el diálogo con el sector sigue abierto.