Irán atraviesa la ola de protestas más grave desde las manifestaciones de 2022–2023. El escenario actual incorpora factores que profundizan la crisis del régimen islámico: un colapso económico sostenido, un hartazgo social acumulado durante años y una respuesta estatal violenta.
Desde la Revolución Islámica de 1979, la relación entre el Estado iraní y la sociedad atravesó momentos de alta tensión. Uno de los principales antecedentes fue el Movimiento Verde de 2009, surgido tras las denuncias de fraude electoral que derivaron en la reelección de Mahmoud Ahmadinejad. En la última década, las protestas se repitieron de manera intermitente, en especial por el aumento del costo de vida.
El punto de quiebre más reciente ocurrió en 2022, cuando la muerte de Mahsa Amini, detenida por violar el estricto código de vestimenta para mujeres, desató manifestaciones masivas en todo el país. Desde entonces, el régimen reforzó los mecanismos de control y aumentó de forma sostenida las ejecuciones. Según organizaciones internacionales de derechos humanos, solo en el último año se registraron unas 1.500, la cifra más alta desde 1989.
Las protestas actuales comenzaron el 28 de diciembre, tras el cierre del Gran Bazar de Teherán por parte de comerciantes afectados por la inflación y el colapso del rial iraní. La moneda perdió valor de manera acelerada y hoy un dólar equivale a más de 1,4 millones de riales. La situación se agravó cuando el Banco Central puso fin a un programa que permitía a determinados importadores acceder a dólares subsidiados, lo que provocó subas abruptas de precios, desabastecimiento y el cierre de numerosos comercios.
Lamentable
Lo que comenzó como un reclamo económico se transformó rápidamente en un desafío político. Los cánticos contra el líder supremo, Ali Khamenei, y las consignas que exigen el fin de la República Islámica se multiplicaron en las calles. La ONG Iran Human Rights aseguró que al menos 51 manifestantes resultaron muertos por la represión en los primeros 13 días de una nueva ola de protestas, incluidos ocho niños, y reportan más de 2.300 detenidos.
Un quiebre simbólico
En pocos días, las manifestaciones se extendieron a más de 250 localidades en 27 de las 31 provincias del país, con especial intensidad en regiones del oeste, como las zonas de mayoría kurda y la provincia de Lorestán. En estos territorios atravesados por la pobreza y tensiones étnicas, se registraron disturbios, incendios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Resulta especialmente significativo el rol de los bazaaris, históricamente aliados del clero y actores clave en 1979. Su participación representa una ruptura con uno de los pilares tradicionales del régimen.
La respuesta estatal fue inmediata. El gobierno desplegó a la policía, la Guardia Revolucionaria y las milicias Basij, y dispuso cortes casi totales de Internet y de teléfono. Las restricciones dejaron al país prácticamente aislado.
Mientras continúan las manifestaciones y persiste el control informativo, el desenlace permanece abierto, aunque el alcance social y territorial de la revuelta marca un punto crítico para el régimen iraní. Los próximos días serán decisivos.