Que el Poder Ejecutivo (PE) haya interpuesto en dos años de la gestión de Osvaldo Jaldo casi una decena de vetos -entre totales y parciales- sobre leyes sancionadas no cayó bien en sectores de la Legislatura. Parlamentarios opositores cuestionaron la “vetomanía” de la Casa de Gobierno, principalmente por haber quitado cambios consensuados entre el oficialismo y las demás bancadas referido a la determinación del Impuesto Automotor. “Es gobernar por imposición”, reprocharon.

Jaldo y el ministro Daniel Abad (Economía y Producción) firmaron el 19 de diciembre el Decreto N° 3.890/13, en rechazo de un agregado a un proyecto enviado por el PE para modernizar el método de valuación del Impuesto Automotor (Ley N° 8.467). El texto sancionado -añadido por la Legislatura- detalla el orden de prioridad que debe seguir la Dirección General de Rentas al consultar los valores de mercado: los precios de venta de Acara; de las cámaras automotrices; de los concesionarios oficiales; de referencia de las cámaras representativas de la actividad aseguradora automotriz; y, por último, precios de las publicaciones especializadas en el rubro de vehículos nacionales y extranjeros.

El conflicto se desató por una de las líneas que se agregó en el trabajo en comisiones, en acuerdo entre el oficialismo y la oposición, que indica que, en caso de que la Dirección General de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor actualice los valores (algo que no viene ocurriendo), se tomarán esos como referencia. En el dictamen se incorporó que “de no ser así, se tomará el orden de prelación establecido en el párrafo anterior”. Ese cambio fue vetado y se promulgó el resto de la norma.

“Vetar por vetar”

El legislador Claudio Viña (presidente del bloque Compromiso Tucumán) apuntó primeramente contra la cantidad de leyes vetadas por el PE y por la temática que abordaban. “Fueron vetadas leyes que buscaban promover el turismo, o que disminuían impuestos para autos con energías sustentables. Ambos temas en los que Tucumán se está quedando atrás”, dijo. Además, dijo que “llama la atención la ‘vetomanía’ que padece la Casa de Gobierno” y a la que somete a la Legislatura. “Es el veto por el veto mismo”, dijo.

Puntualmente sobre el veto parcial reciente, el líder de Nueva Fuerza consideró que “no tiene razón de ser” dado que el PE no vetó el orden de prelación que se le añadió al proyecto. “Esta frase, no incluida en el veto del PE, lo hace estéril. Deberán sí o sí respetar el orden establecido en la ley sancionada”, aseguró. Y chicaneó que los cambios parecen haber disgustado al ministro Abad: “no podemos dejar librada al azar, o al antojo de un funcionario de turno, la libre elección del valor de base para cobrar un impuesto”.

Por imposición

En un tono similar se expresó la radical Silvia Elías de Pérez a través de un comunicado, y puso énfasis en que la objeción recayó sobre el artículo que había sido consensuado entre legisladores del oficialismo y la oposición. Advirtió que la eliminación del artículo podría habilitar una amplia discrecionalidad administrativa, que puede derivar en fuertes disparidades entre contribuyentes.

En ese sentido, remarcó que esta discrecionalidad vulnera principios básicos del derecho tributario, como la certeza, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica. “No se trata de una discusión técnica menor. Cuando el Estado puede elegir libremente cómo determinar un impuesto, el contribuyente queda en una situación de indefensión”, afirmó.

La ex senadora advirtió también que este veto parcial “confirma una práctica reiterada del gobernador cuando una ley no responde a lo que él quiere”, incluso si fue fruto del consenso entre oficialismo y oposición. “Decide vetar y gobernar por imposición en lugar de respetar las reglas y el trabajo del Poder Legislativo. Vetar el artículo que ponía límites claros a la discrecionalidad no es una decisión técnica, es una definición política”, embistió.

¿Impuestazos ocultos?

El legislador José Macome (Compromiso con la Libertad) votó en contra de la iniciativa en el recinto -al igual que el bloque de Fuerza Republicana- ya que consideró que se tratan de “impuestazos escondidos”, tal como pasó meses atrás con la creación del Observatorio del Mercado Inmobiliario (Omituc). Cuestionó que en la propuesta del PE la autoridad de aplicación puede elegir sin criterio alguno la base imponible y que, incluso, las referencias de precios que se tomen para tal base sean hasta montos superiores que el real valor de mercado. “El precio de revista de un automotor no siempre se corresponde con el precio de mercado, donde hay otros factores -como el estado mecánico del vehículo, su kilometraje, etc.- que influyen directamente en el precio”, mencionó.