Con el impulso que le otorgó su reciente respaldo en las urnas, el Gobierno nacional volvió a poner en la agenda política uno de los temas más sensibles del último tiempo: la reforma laboral. La propuesta, que ya había sido debatida en el marco del Consejo de Mayo, será retomada en el Congreso con el texto impulsado por la diputada Romina Diez, bajo el título de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo.

El proyecto, acompañado por legisladores de distintos bloques, propone un conjunto de modificaciones profundas a la legislación vigente. Entre los puntos centrales se destacan la flexibilización de convenios, la posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas, la ampliación de la jornada laboral y la modernización del régimen de licencias y vacaciones.

Según el oficialismo, la iniciativa, presentada originalmente a fines de 2024, busca “actualizar y mejorar las condiciones que regulan la relación entre empleadores y trabajadores”, en línea con los principios de la Ley Bases.

Cambios en la Ley de Contrato de Trabajo

El texto introduce modificaciones en artículos clave de la Ley de Contrato de Trabajo. Redefine el principio de irrenunciabilidad, otorga mayores facultades al empleador para modificar tareas y condiciones laborales -siempre que no sean irrazonables- y actualiza la definición de beneficios sociales no remunerativos, que incluirán, entre otros, almuerzos, útiles escolares y servicios de telefonía o internet.

En materia de vacaciones, se habilita la fragmentación en períodos no menores a una semana y se garantiza que cada trabajador pueda tomarlas en verano al menos una vez cada dos años. También se permite que matrimonios o uniones convivenciales que trabajen en la misma empresa coordinen sus licencias.

Por otra parte, las convenciones colectivas de trabajo podrán establecer regímenes adaptados a las nuevas formas de producción, incluyendo bancos de horas y francos compensatorios, siempre que se respete un mínimo de 12 horas entre jornadas.

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Licencias, enfermedad e indemnizaciones

El proyecto mantiene los plazos actuales de cobertura salarial durante licencias por enfermedad o accidente, pero incorpora un sistema de verificación médica a cargo de la Secretaría de Trabajo. En los casos en que el empleado no se reincorpore tras agotar los plazos de licencia, el empleador podrá extinguir el vínculo sin pagar indemnización.

Una de las novedades más relevantes es la posibilidad de que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) abonen indemnizaciones o sentencias judiciales laborales en hasta 12 cuotas mensuales, medida que el oficialismo considera clave para “aliviar el impacto financiero” del sistema actual.

Además, el texto fija un nuevo esquema para el cálculo de intereses en créditos laborales, limitándolos al índice de precios más una tasa del 3% anual, y restringe los honorarios por cuota litis al 20%.

Incentivos al empleo formal

El proyecto también contempla la creación de un sistema de bonos de crédito fiscal para empleadores que generen nuevos puestos de trabajo en los primeros 18 meses de vigencia de la ley. Los beneficios variarán según el tamaño de la empresa: 100% para microempresas, 75% para pequeñas, 50% para medianas y 25% para las grandes.

Los incentivos se aplicarán durante un año y sólo para nuevas contrataciones que representen un incremento real en la nómina.

Acompañamiento político

La iniciativa de Romina Diez cuenta con el respaldo de un grupo amplio de legisladores, entre ellos Lorena Villaverde, Gabriel Bornoroni, Mercedes Llano, Lilia Lemoine, Nicolás Mayoraz, Guillermo Montenegro, Carlos Zapata y Facundo Correa Llano, entre otros.

Desde el oficialismo sostienen que el texto “es una herramienta para atraer inversiones, promover la formalidad y adaptar las normas laborales a las dinámicas actuales del trabajo”.

Sin embargo, se espera que la propuesta vuelva a generar resistencia sindical y debate parlamentario, ya que sectores opositores consideran que implica un retroceso en derechos laborales conquistados en décadas anteriores.