En una audiencia de juicio abreviado, la Justicia condenó a Alan Daniel Ahumada por los delitos de asociación ilícita en concurso real con hurto agravado reiterado en cuatro ocasiones, doblemente calificados por la sustracción de vehículos dejados en la vía pública y por el empleo de llave falsa u otro instrumento semejante, en calidad de autor. Los hechos ocurrieron entre junio y fines de agosto de 2024, y la pena convenida fue de siete años de prisión, además de una reparación económica para las víctimas y el decomiso de un automóvil que la fiscalía afirma fue utilizado para cometer los ilícitos. La jueza actuante homologó el convenio suscripto.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad de Robos y Hurtos III del Ministerio Fiscal, bajo la dirección de Carlos Picón; en la audiencia, el auxiliar de fiscal Pablo D’Andrea oralizó el acuerdo pleno que fija la condena. D’Andrea describió, con detalle, el funcionamiento y la estructura delictiva de la organización: según la acusación, Ahumada se desempeñó como “jefe” del plan criminal y participó activamente en la sustracción de cuatro camionetas en distintas zonas de la provincia.

El rol atribuido al condenado incluyó diseñar y decidir objetivos -zonas de operación y logística-, asignar quienes ejecutarían los hurtos, trasladar los vehículos, administrar el dinero de la organización y contactar compradores en el mercado ilegal -mencionándose destinos en Córdoba y Bolivia-. También le imputan haber generado vínculos con estructuras que facilitarían el paso fronterizo por puestos de control y la división de ganancias entre los miembros.

En la causa ya fueron condenados otros cuatro integrantes de la red -entre ellos, el padre de Ahumada- a tres años de prisión en cumplimiento condicional. A la espera de la situación procesal del último integrante identificado por la pesquisa con el apodo “Sotina”, quien permanece con prisión preventiva, el fiscal Picón resaltó el carácter estructurado y la continuidad del accionar criminal.

“No se trataba de un grupo improvisado, sino de una red delictiva estructurada y cohesionada bajo un liderazgo fuerte, que garantizaba continuidad en el accionar criminal (habitualidad, permanencia y sistematicidad)”, afirmó D’Andrea al exponer los roles -muchos del núcleo familiar- y la habitualidad delictiva comprobada por la Fiscalía.

Pruebas técnicas y geolocalizaciones

Picón destacó el intenso trabajo investigativo: el expediente suma 4.000 fojas y requirió la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) a través de la Dirección de Análisis Criminal. El fiscal puntualizó que la pesquisa incluyó medidas con la Fiscalía de Narcomenudeo -donde se secuestraron drogas y balanzas- y con la Justicia Federal por presunto delito de contrabando.

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre el 28 de junio y el 29 de julio de 2024, y desde esa fecha -aseguraron- no se registraron nuevos robos de camionetas vinculados a esta organización. No obstante, la imputación originaria abarca el lapso “desde junio hasta fines de agosto de 2024”, según consta en la acusación; la diferencia de acotación temporal surge al precisar las etapas investigadas y los hechos que finalmente integraron el acuerdo.

Entre las pruebas técnicas que se exhibieron, D’Andrea mencionó material fílmico que documenta la metodología: “En uno de los videos se puede observar con claridad la mecánica de un dispositivo electrónico utilizado como llave falsa, donde se advierte que, en menos de dos minutos, los sujetos lograron encender y poner en marcha el rodado, confirmando así la metodología utilizada por la organización criminal en los hechos investigados”.” La Fiscalía explicó que los vehículos -principalmente Toyota Hilux de alta gama- eran vulnerados mediante inhibidores o instrumentos semejantes, arrancados en pocos minutos y transferidos a cocheras, domicilios particulares o zonas rurales ya aseguradas por la banda para evitar su rápida detección.

La investigación también detectó un alto nivel de coordinación y medios logísticos propios: comunicaciones constantes entre los miembros, uso de múltiples líneas telefónicas con cambios frecuentes de chips y aparatos, y mensajes encriptados o por aplicaciones de mensajería instantánea para coordinar cada fase del plan y entorpecer la investigación.

Ramificaciones y pedidos de captura

Picón adelantó que la organización tenía ramificaciones en otras provincias y que se busca dar con el paradero de dos consortes identificados en la provincia de Córdoba, sobre los cuales pesan pedidos de captura vigentes. Los destinos finales de algunos rodados fueron señalados como Córdoba, La Rioja, Salta e incluso Bolivia, según la acusación.

Reparación económica y decomiso

Como parte del convenio homologado, la reparación económica en concepto de daños a las víctimas fue fijada en $15.000.000. Además, quedó dispuesto el decomiso de un automóvil que la Fiscalía sostuvo había sido empleado para la comisión de los ilícitos.

Con la homologación judicial del acuerdo penal, la causa cierra una etapa con penas y sanciones concretas pero deja en curso el rastreo de otros integrantes y la búsqueda de los vehículos que pudieron salir de jurisdicción, mientras la Fiscalía y el ECIF continúan la tarea para completar el mapa de la red y llevar a sus responsables ante la Justicia.