Tres factores de fuerte impacto se sumaron este año a las habituales discusiones sobre la quema de vegetación, que tiene lugar cada invierno durante la época de sequía y de zafra, y que se agrava por lo general a partir de agosto, mes de constantes vientos.

El primer factor es el tratamiento científico de la calidad del aire, que desde hace al menos dos años está siendo seguido con instrumentos de precisión.

Otro es el reclamo de los cañeros chicos que públicamente han hecho saber que en función de la brutal crisis del sector -afectado por la caída de la demanda y de los precios y las altas tasas que hacen imposible tomar créditos- se ven obligados a quemar en la cosecha.

El tercero es la decidida actitud del Gobierno y del Ministerio Público Fiscal de salir a detectar a los infractores, secuestrarles los implementos con los que efectúan la quema -esto incluye incautación de vehículos- y labrarles causas penales, incluyendo detenciones. Cuatro personas se encuentran privadas de libertad desde hace días y otras cuatro fueron aprehendidas anteayer a causa, principalmente, de incendios que obligaron a cortar el tránsito en la ruta 38 a la altura de Santa Bárbara y a apagar el fuego en el bosque nativo de una finca en la zona de Río Dulce, a 12 kilómetros de la ruta 9.

El combo de factores ha causado una situación de fuerte tensión en el enrarecido ambiente, que se pudo apreciar hace unos días en el reclamo del titular de la Sociedad Rural ante las acciones penales contra cañeros. También anteayer, en las declaraciones del presidente de la Unión Industrial, que negó que la contaminación del aire se deba a la actividad azucarera, sino que, aseguró, se relaciona con la tierra en esta época seca.

Cabe señalar, por otra parte, que desde comienzos de año se había advertido que iba a haber crisis con el precio del azúcar por sobreproducción y que esto se iba a ver en esta época. Los esfuerzos que se han hecho de previsión, evidentemente, han sido insuficientes, dada la necesidad que se advierte en los cañeros chicos.

Por otra parte, la actitud del mismo gobernador ha sido contundente. “Todos somos iguales ante la ley. Hoy muchos se sorprenden porque por primera vez se está haciendo un control como corresponde por parte del Poder Judicial, a través del Ministerio Público Fiscal, acompañado por el Área de Producción del Poder Ejecutivo Provincial”, dijo. “No hay antecedentes que quienes quemaban cañas hayan sido detenidos. Bueno, en este gobierno se ha detenido gente”... “tienen que saber que no puede ni debe quemar caña porque afecta a terceros y contamina el medio ambiente”.

La magnitud de la crisis debería obligar a juntar a los factores para ver cómo se ayuda a estos productores. Los que hicieron la protesta eran 200 pero se supone que son unos 6.500. “Hay que sentarse y llegar a una solución a través del diálogo, tal vez subsidiándoles la zafra, la cosecha”, dijo el titular de la Industria. Quizá se pueda estudiar y acaso sea una salida que contribuya a que se deje de quemar.