Juan Alberto Cerisola y sus tres ex funcionarios de la UNT han sido acusados por el destino que se les dio a unos U$S 85 millones, en su totalidad o en parte, provenientes de las utilidades que dejó la Minera Alumbrera en Catamarca para YMAD, ente del que la Universidad es socia. Cerisola, para llevar a cabo el proyecto de “Ciudad Universitaria Siglo XXI” firmó en un acta de 2008 el cambio de los porcentajes que debía recibir la Universidad (pasó del 40% al 20% y se comenzó a entregar un 20% a otras universidades). A causa de ello, la Casa de Altos estudios dejó de recibir entre 2008 y 2014 $500 millones, que equivalían a U$S 110 millones. Una parte similar fue para las otras universidades. Es decir que la UNT recibió en total hasta 2014 aproximadamente U$S 300 millones por utilidades mineras: los U$S 85 millones por los que fue acusado Cerisola; U$S 110 millones que se derivó a las otras universidades y U$S 110 millones que quedaron en la UNT de libre disponibilidad, cuyo uso no fue denunciado y por lo tanto no fue investigado. Mucha plata.

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Ahora bien, la Universidad sigue recibiendo, esporádicamente, plata de utilidades mineras y la guarda en plazos fijos porque espera que se resuelta el conflicto por YMAD, ya que la UNT ha repudiado el acta de 2008 y reclama que se vuelva al 40%, que según la ley 14.771 debe estar destinado a terminar la Ciudad Universitaria “según los planos aprobados”, es decir –se interpreta- la de San Javier. Ergo, los U$S 300 millones, y todo lo que vino después, debieron destinarse a esta obra según la ley. Nadie cumplió esa norma.

¿Cómo se arreglará ese entuerto? Si Cerisola sus ex funcionarios fueran condenados el martes, se sabría qué se hizo con parte de esa plata; acaso, según pidieron los fiscales, se iniciarían nuevas investigaciones para ver la ruta del dinero y se afianzarían procesos judiciales que tiene pendientes el ex rector: la causa contra una veintena de empresarios que hicieron las 13 obras, y otra contra él y Olga Cudmani (ex titular de Construcciones Universitarias) por la no rendición de $ 77 millones.

La UNT avanzaría en acomodar su largo conflicto con YMAD pero debería resolver en algún momento qué hacer con la Ciudad Universitaria del cerro, porque la ley 14.771 la sigue obligando, aunque se hayan hecho informes de que esa obra es inviable. Si hubiera condenas e investigaciones posteriores, acaso se resolvería el intríngulis de aquella extraña aparición, hace dos años, de 2.400 planos y papeles de la Ciudad Universitaria (del cerro) en cajas de aire acondicionado.

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Pero si no hubiera condena, quedaría en claro que la fragilidad institucional para el manejo de proyectos millonarios permite que las cosas se hagan sin ton ni son y se justifiquen cambios de metodología, como sustituir la Ley de Obras Públicas por un reglamento ad hoc, sin que nadie proteste ni que se puedan hacer controles adecuados en el momento.

Después la Justicia tarda 15 años en investigar, con las cartas que les han dejado, como dijo el fiscal Pablo Camuña. Es el mayor juicio por presunta corrupción en nuestra provincia. Después del fallo habrá un antes y un después. Era mucha plata.