El robo de armas de fuego que debían ser entregadas en una armería de Tucumán puso nuevamente en el tapete la discusión sobre la seguridad en el manejo de este tipo de herramientas y la diferencia entre actuar en la legalidad y alimentar el mercado negro. Durante 2025, Argentina dio un paso significativo en la modernización de su marco normativo para los legítimos usuarios de armas. Las reformas implementadas simplificaron trámites, redujeron cargas económicas y adaptaron la legislación a la realidad tecnológica y social del país. Eliminar la reinscripción anual y reemplazarla por un proceso quinquenal representa un alivio tangible para quienes cumplen con todas las obligaciones legales, sin que ello implique un relajamiento de los controles sobre la actividad.
La creación del trámite digital “Tenencia Express” supuso un salto cualitativo. La posibilidad de gestionar en línea la tenencia y la tarjeta de consumo de municiones ahorra tiempo y costos, al mismo tiempo que integra sistemas de verificación automática de antecedentes. Este avance no solo agiliza el vínculo entre el Estado y el ciudadano, sino que lo hace con más eficiencia y transparencia.
El retorno del Registro Nacional de Armas (Renar) como órgano dependiente del Ministerio de Seguridad ordena la estructura institucional y concentra las competencias en un solo organismo. Esta decisión reduce superposiciones y mejora la coordinación entre control administrativo y seguridad pública, sin debilitar el cumplimiento de la ley. Otro cambio relevante fue la reducción de la edad mínima para acceder a la condición de legítimo usuario, que pasó de 21 a 18 años. La medida corrige una incongruencia legal, ya que a esa edad se reconocen otros derechos y responsabilidades cívicas. Quienes acceden a esta posibilidad deben, igualmente, superar los mismos filtros de idoneidad y antecedentes que cualquier otro solicitante.
La reforma también trajo un enfoque regulado para las armas semiautomáticas derivadas de uso militar. Lejos de promover la proliferación sin control, se estableció un régimen de autorización especial para quienes puedan acreditar usos deportivos u otros fines lícitos. De esta manera, se regularizan situaciones preexistentes y se incorporan estos casos al circuito formal, donde es posible fiscalizar su tenencia y uso.
Estos avances responden a un principio básico: no es el legítimo usuario registrado el que alimenta el problema de la violencia armada, sino el flujo constante de armas en el mercado ilegal. Por eso, la política pública debe fortalecer los filtros para quienes actúan dentro de la ley, pero ser mucho más estricta, efectiva y sostenida en la persecución del tráfico ilícito. El mercado legal, con reglas claras y controles eficientes, puede ser un aliado en la prevención. Usuarios formados, armas registradas y trazabilidad completa son elementos que el Estado puede y debe aprovechar para aislar y combatir el circuito clandestino. Esta estrategia requiere, además, un compromiso firme contra la corrupción que permite que armas registradas terminen fuera del marco legal.
Las reformas de 2025 marcan un avance en la protección de derechos y en la modernización institucional. Representan una apuesta por un ciudadano responsable y un Estado eficiente. El verdadero desafío será sostener este equilibrio, garantizando que quienes cumplen con la ley puedan ejercer sus derechos con seguridad, mientras el peso del control recae con toda su fuerza sobre quienes operan al margen de ella.
El control del Estado debe ser concreto sobre los legítimos usuarios que, desde ya, son quienes más interés tienen en cumplir con la ley, pero lo debe ser más con quienes la transgreden. Armas en manos equivocadas no hacen más que alimentar la inseguridad.