El 60% de los vehículos en el país circula sin seguro. Esta aseveración de Agustín Serenelli, gerente regional de la Federación Patronal de Seguros, dicha durante una entrevista de LGPlay, aportó un detalle inquietante sobre el problema de los accidentes de tránsito en Argentina en general y en Tucumán en particular, por su alta siniestralidad. Que sólo el 40% de los vehículos esté asegurado da la idea de los enormes riesgos a los que está sometida una parte importante de la sociedad.

Serenelli dio su explicación al describir las características de una deficiente cultura del cuidado, en la que se considera el seguro como una imposición que da la ley - “lo contratan para pasar el control policial, sin entender que el seguro cumple un rol social”, dijo-  y en la que las prioridades están cambiadas. Afirma que es más frecuente que se contraten seguros para vehículos, después para las viviendas y en tercer lugar los seguros de vida, cuando la ecuación debería ser al revés.

A esto se añade, como se destacó hace varias semanas en el Foro Tucumán Responsable,  la gran cantidad de víctimas fatales -en 2024 fueron 335-, a las que se suman las personas que resultan con heridas y traumas temporales o permanentes. Los servicios de salud tienen enorme gasto para afrontar el tratamiento de las personas accidentadas. También en el caso de Tucumán hay un costo elevado de la siniestralidad, que se vincula con las reparaciones económicas que se debe hacer tanto en los daños personales, de las que se deben hacer cargo las obras sociales, el Estado y las compañías de seguros, según el caso. Además, según el informe de la Agencia NOA para la Federación Patronal de Seguros, las pólizas en el NOA se encarecen por el alto índice de siniestralidad que caracteriza a Tucumán. En su informe ante LGPLay, Serenelli dijo, además, que los elevados gastos exigen esfuerzos a las compañías, para cubrir los cuales deberían tener pólizas cinco veces más caras, lo cual es imposible de aplicar en una sociedad empobrecida.

Cabe pensar en cómo es la situación en las localidades con menos control y menos exigencias, como son las del interior, donde circulan miles de vehículos sin seguro o con seguros mínimos, ya sea motocicletas, autos rurales, taxis pirata y autos particulares vetustos, sin verificaciones técnicas. El costo de los accidentes en esos casos se traslada a las víctimas -que deben hacerse cargo de reparar sus propios vehículos chocados- y a los centros de salud públicos, que afrontan el costo de curar a las personas heridas.

Si a todo esto se añade la caótica forma de circulación en nuestro medio -según el director de la Agencia NOA, vivimos en uno de los territorios más peligrosos para conducir y con más posibilidades de protagonizar un accidente- nos encontramos en un combo dañino: caos y riesgo de accidentes constante y altos costos que al final termina pagando la sociedad. Por ahora, los expertos de las agencias sostienen que hace falta más educación vial desde la infancia y mayor capacitación de los agentes que realizan los controles en calles y rutas. Como ya se señaló en un anterior comentario editorial, debería haber un involucramiento general de municipios y comunas tanto en control de vehículos como en la exigencia de que haya más contratación de seguros, como formas básicas de hacer frente a esta emergencia vial.