En Tucumán se observan señales de un debilitamiento del mercado laboral, fruto de una caída de la actividad en empresas locales, como el caso del arco industrial. Si bien el aumento de las denuncias individuales por despidos e incumplimientos empresariales de distintos sectores es un indicador de la delicada situación económica, el nivel de los conflictos colectivos revela una crisis más profunda que no tiene freno.

Los datos de la Secretaría de Trabajo provincial son contundentes: no solo se dispararon las denuncias particulares, sino que también creció significativamente la intervención oficial en acuerdos que establecen suspensiones y reducciones salariales. Esto demuestra que la respuesta del sector productivo frente a la inestabilidad ya no se limita a despidos individuales, sino que se ha volcado a convenios masivos, impactando a grandes sectores de la economía.

La situación de textiles como Santista y TN Platex, o la situación de la construcción no son hechos aislados. Son un reflejo de una tendencia preocupante. La búsqueda de acuerdos colectivos para suspender personal o reducir salarios, amparados en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, se ha convertido en una herramienta común para evitar despidos masivos desde el año pasado.

Este panorama, lejos de ser alentador, muestra una economía que lucha por mantener a flote los puestos de trabajo a cualquier costo, incluso a expensas de las condiciones laborales de los trabajadores. La postura de la Secretaría de Trabajo, que busca mediar y encontrar soluciones, demuestra la necesidad de una intervención estatal ágil y efectiva ante una crisis que no parece tener un final cercano.

La escalada de la conflictividad laboral en Tucumán es un llamado de atención. La preocupación de gremios y trabajadores, junto con la de las empresas, evidencia que la prioridad actual no es el crecimiento, sino la supervivencia. El desafío es encontrar soluciones que permitan preservar los puestos de trabajo sin que esto signifique un deterioro de las condiciones laborales.

Paralelamente a los conflictos colectivos, la Secretaría de Trabajo ha notado un incremento en los reclamos individuales. El despido sigue siendo una de las principales causas de conflictividad, pero la mayoría de los trabajadores acude a la Secretaría para reclamar la falta de pago de la liquidación final, un derecho que les corresponde independientemente de la causa del despido. En estos casos, la Secretaría actúa como mediadora en audiencias de conciliación para que la empresa pague lo adeudado, evitando así un largo y costoso litigio judicial. Muchas de estas disputas se resuelven de forma expedita en esta instancia, brindando una solución más rápida para los trabajadores.

La Secretaría de Trabajo ha manifestado que, aunque su capacidad operativa es limitada, busca dar una respuesta rápida y efectiva a todos los reclamos. “Tratamos de encontrar el foco del conflicto, actuar con celeridad y buscar soluciones que sirvan a ambas partes”, afirman. Entre las medidas que se han tomado, se destaca la intervención de oficio en conflictos de gran escala, como el caso del ingenio Bella Vista, donde la Secretaría actuó para mediar y buscar una solución para decenas de trabajadores despedidos. Además, se han intensificado las inspecciones para detectar falencias en la registración y el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad, lo que ha derivado en un aumento de las multas a las empresas infractoras, señalaron en el organismo.