La empresa Glovo, una de las principales plataformas digitales de reparto en España, vuelve a estar en el centro del debate laboral. Esta vez, por una multa de 847.640 euros impuesta por la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, tras detectar que 64 repartidores extranjeros trabajaban sin los permisos de residencia ni de trabajo requeridos por la ley.
La sanción surge a partir de un informe elaborado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el marco de una campaña nacional destinada a controlar el cumplimiento de las normas laborales por parte de las apps de delivery.
¿Por qué multaron a Glovo en Sevilla?
El informe oficial reveló que los trabajadores afectados cumplían funciones en relación de dependencia laboral, pero no estaban registrados en el Régimen General de la Seguridad Social, ni contaban con la autorización administrativa obligatoria para desempeñar tareas remuneradas en España.
Las infracciones están tipificadas como “muy graves” por el área de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno y violan lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, que regula los derechos y libertades de los extranjeros en el país.
Dos expedientes, 64 trabajadores irregulares y una sanción millonaria
La investigación derivó en dos procedimientos sancionadores separados:
Uno por 20 trabajadores, con una multa de 210.649,43 euros.
Otro por 44 trabajadores, con una sanción de 636.990,59 euros.
En total, 64 empleados sin papeles y una sanción conjunta de 847.640,02 euros que afecta a las sociedades GlovoApp23 SL y GlovoApp Spain Platform SL.
El modelo Glovo: entre los falsos autónomos y la falta de controles
Aunque Glovo anunció recientemente la contratación de 14.000 repartidores bajo el nuevo modelo laboral, las investigaciones y sanciones siguen acumulándose en distintas comunidades autónomas. La empresa ha sido señalada reiteradamente por el uso de falsos autónomos y el incumplimiento de la normativa laboral y migratoria.
Este nuevo episodio refuerza el debate sobre la precariedad laboral en plataformas digitales y pone el foco en la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes, uno de los colectivos más desprotegidos dentro de la llamada “economía de plataformas”.
¿Qué dice la ley sobre contratar trabajadores extranjeros?
Según la legislación española, toda persona extranjera contratada por cuenta ajena debe contar con una autorización válida de trabajo y residencia. La contratación sin dicha autorización está considerada una infracción grave o muy grave, dependiendo del contexto, y puede conllevar multas económicas, responsabilidades penales y consecuencias migratorias para los implicados.
Glovo recurre la sanción, pero los controles se intensifican
La empresa ya ha presentado un recurso contra la sanción, aunque el procedimiento sigue su curso. Mientras tanto, desde la Inspección de Trabajo aseguran que los controles sobre este tipo de plataformas se intensificarán, con el objetivo de garantizar condiciones laborales justas y el cumplimiento de la ley.