La Fiscalía Ambiental avanza activamente con los controles ambientales en el municipio. A través de un trabajo articulado entre distintas áreas de gobierno, la oficina dirigida por Roberto Chustek se encarga de estudiar las faltas que se cometen en el ejido capitalino, que contemplan desde arrojar residuos en la calle o no mantener en condiciones sanitarias adecuadas a los locales comerciales, hasta emitir ruidos molestos que perturben a la vía pública.

La oficina busca agudizar la inspección del orden natural en todo sentido: profundizando la concientización ciudadana, reforzando la vigilancia en las calles y reajustando la normativa. Para ello, la Fiscalía diseña junto al Concejo Deliberante una actualización legal de los parámetros que se consideran faltas al ambiente, ya que en la norma vigente se plantean criterios generales. Sin embargo, el control es constante. Según explicó Chustek, actualmente se supervisan -por ejemplo- las condiciones de desinfección en locales, la emisión de gases tóxicos producidos por automotores, acciones que comprometan la salud de los ciudadanos y también la “contaminación auditiva”, relacionada a los ruidos molestos que afecten la vecindad. Todo ello deriva en actas que, tras el debido proceso, se convierten en multas.

“Además, se dan por conocidas las infracciones más comunes: arrojar la basura, sacar los desechos fuera de horario, el abandono de sitios baldíos y situaciones detectadas con algunas empresas que son las grandes generadoras de residuos”, planteó Chustek. El fiscal ambiental indicó que se espera que el ejercicio de inspección sostenido por parte de la Municipalidad genere un cambio de conducta en la ciudadanía antes de llegar a las sanciones punitivas.

De todos modos, el Código de Faltas de San Miguel de Tucumán establece sanciones monetarias para faltas de este tipo, definidas según el valor del Urbano (actualmente en $21). Las penas más altas, de 18.000 U (unos 380.000 pesos), corresponden al manejo de alimentos, bebidas o materias primas alterados o con fraude bromatológico, superando al arrojamiento de residuos en la vía pública o baldíos (por lo que se paga hasta $63.000) o a la emanación o emisión de contaminantes (hasta $250.000).

La Fiscalía opera de oficio y a partir del control de distintas dependencias municipales -como Ambiente, Obras y Servicios Públicos-, y de sistemas como la Brigada Ambiental o el Centro de Monitoreo. Además, se reciben denuncias a través de la página web municipal y de la app Ciudadano Digital, o en la oficina de la Fiscalía, en San Martín 1012. Chustek apuntó que, a medida que avance el ordenamiento de la repartición, también se irán reforzando los controles. En este sentido, el trabajo conjunto con el juez ambiental -designado tras la descentralización del Tribunal de Faltas- permitirá agilizar los procesos de investigación que antes recaían solo en el Juzgado.